Los seis defensores de la vida que se enfrentan a más de una década en una prisión federal recibieron el 30 de enero el veredicto de culpabilidad de un jurado de Nashville compuesto por cinco hombres y once mujeres. No fueron puestos bajo custodia y serán sentenciados el 2 de julio.
Se les acusaba de un delito grave de violación de la Ley de Libertad de Acceso a las Clínicas (FACE) y de conspiración para violar dicha ley por intentar convencer a las mujeres de que no abortaran en una clínica abortista ya cerrada. Formaban parte de un grupo que leía la Biblia, cantaba himnos religiosos y, en algunos casos, bloqueaba la puerta del Carafem Health Center de Mount Juliet (Tennessee).
Según el testimonio de un agente de policía ante la corte, el grupo se retiró de la puerta cuando se les pidió que se mantuvieran pacíficos.
El incidente ocurrió en marzo de 2021. En agosto de 2022, Tennessee cambió su ley, ilegalizando el aborto en la mayoría de los casos.
En octubre de 2022, el Departamento de Justicia detuvo a 11 personas que participaron en el incidente de 2021. De ellas, las seis declaradas culpables se enfrentan a hasta 11 años de prisión federal. Otras cuatro se enfrentan a cargos menores. Su juicio se programará ahora que el caso de los seis primeros ha concluido.
Una de las mujeres acusadas, Caroline Davis, se declaró culpable y se convirtió en testigo del Departamento de Justicia.
Reacciones de los abogados
Los seis condenados son Paul Vaughn y Chester Gallagher, ambos de Tennessee; Heather Idoni y Calvin Zastrow, de Michigan; Coleman Boyd, de Mississippi; y Dennis Green, de Virginia. La Sra. Idoni ya está en prisión por una infracción anterior de la Ley FACE.
Los acusados estaban representados por distintos abogados. Los abogados de la Sociedad Thomas More que representaron a Vaughn dijeron en un comunicado que esperan recurrir la condena.
Los cuatro acusados solo por la Ley FACE son Eva Edl, de Carolina del Sur, Eva Zastrow, de Arkansas, James Zastrow, de Misuri, y Paul Place, de Tennessee.
«Estamos, por supuesto, decepcionados con el resultado», dijo en un comunicado Steve Crampton, consejero principal de la Sociedad Thomas More y abogado de Vaughn. «Se trataba de una manifestación pacífica de ciudadanos totalmente pacíficos —llena de oraciones, cantos de himnos y adoración— orientada a persuadir a las mujeres embarazadas de que no aborten a sus bebés. Desgraciadamente, el Departamento de Justicia de Biden decidió caracterizar las acciones pacíficas de Paul Vaughn como un delito grave de ‘conspiración contra los derechos’, para intimidar y castigar a Paul y a otras personas provida y creyentes.»
Durante el testimonio, un representante del DOJ comparó el hecho de plantarse ante la puerta de una clínica abortista con impedir que alguien vote. Los provida lo ven como un intento de salvar la vida del bebé.
Durante el juicio, se ha visto a simpatizantes, amigos y familiares de los antiabortistas reunidos frente al juzgado estadounidense Fred D. Thompson para cantar, adorar a Dios y rezar por un buen resultado. Eso implica algo más que evitar la cárcel; rezan por el fin del aborto en Estados Unidos. Una red de cientos de simpatizantes de todo el país se unió en las redes sociales con promesas de oración y palabras de ánimo.
Tras el veredicto, se oyó a algunos decir: «Digno es el cordero», un guiño a su fe cristiana. Luego salieron al exterior, formaron un círculo y siguieron rezando y adorando a Dios.
Crampton dijo que la persecución de Vaughn y sus coacusados demostraba claramente el enérgico intento del Departamento de Justicia de silenciar a sus oponentes ideológicos.
Grupo de trabajo sobre derechos reproductivos
La Ley FACE se utilizó en contadas ocasiones hasta que la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization revocó Roe v. Wade en junio de 2022, con lo que la regulación del aborto se trasladó de nuevo a los estados.
Ese mismo mes, el presidente Joe Biden utilizó una orden ejecutiva para ordenar al Departamento de Justicia que formara el Grupo de Trabajo de Derechos Reproductivos para hacer cumplir la Ley FACE. Con ello, los asesores pro-vida que trabajan fuera de las clínicas abortistas se han convertido en objetivo del FBI. La acusación de la Ley FACE conlleva un año de prisión, y la acusación de conspiración que el DOJ ha añadido en casos recientes conlleva hasta 10 años de prisión.
La Ley FACE prohíbe la obstrucción física a los «servicios de salud reproductiva».
«Estamos trabajando para garantizar que los fiscales de todo el país estén equipados para llevar casos de la Ley FACE. Y hemos hecho hincapié en que los abogados de la División de Derechos Civiles están siempre disponibles para consultas y asistencia técnica», declaró el Fiscal General Merrick Garland en un discurso pronunciado en diciembre ante el Grupo de Trabajo sobre Derechos Reproductivos.
La aplicación de la Ley FACE es una prioridad del DOJ, según su sitio web. La Ley FACE permite al DOJ emprender acciones penales o civiles. Esto significa que el DOJ puede acudir a las cortes en nombre de un proveedor de abortos, pacientes y trabajadores, y pedir una compensación económica por daños y perjuicios.
Por la vía civil, el DOJ ha conseguido sentencias que prohíben a determinadas personas provida entrar en la propiedad de ciertos proveedores de abortos.
Algunos republicanos en el Congreso han presentado una medida para derogar la Ley FACE, pero no ha tenido mucho movimiento.
La batalla sobre cómo regular el aborto en Tennessee no ha terminado.
Recientemente, el representante estatal Jason Zachary presentó un proyecto de ley que tipificaría como delito que un adulto ayude a una menor a salir del estado para abortar, a menos que ese adulto sea el padre o tutor de la mujer.
Allie Phillips, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Tennessee, quiso abortar tras enterarse de que su embarazo no era viable, pero no pudo conseguirlo en el estado. Voló a Nueva York para abortar, pero cuando llegó, su bebé, al que llamó Miley Rose, ya no tenía latido y había muerto. La experiencia la impulsó a presentarse a las elecciones.
Si es elegida, Phillips espera revertir algunas de las restricciones estatales al aborto.
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