Las autoridades de transporte ferroviario de la zona de la bahía de California fueron condenadas a pagar más de 7 millones de dólares a los trabajadores del sector que fueron despedidos por negarse a recibir la vacuna COVID-19 hace años.
El 23 de octubre, un jurado federal del Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California dio la razón a seis antiguos trabajadores de San Francisco Bay Area Regional Transit (BART) que se habían negado a vacunarse por motivos religiosos.
Se ordenó a BART que pagara al grupo más de 7.8 millones de dólares, de los que cada uno recibiría entre 1.2 y 1.5 millones de dólares, según informó el jueves en un comunicado el Instituto de Justicia del Pacífico, que representó a los trabajadores del transporte en el juicio. El instituto, un bufete de abogados que representa a los seis exempleados desde 2022, dijo que el jurado de ocho personas deliberó durante dos días esta semana antes de devolver el veredicto que otorgó a los empleados la compensación.
Hace aproximadamente una semana, el jurado federal también determinó que BART no había podido demostrar que sufrió una dificultad excesiva al negar alojamiento a los exempleados en el caso.
El 23 de octubre, el jurado determinó además que los seis empleados cumplieron con la carga de demostrar que existía un conflicto entre sus creencias religiosas y el mandato de vacunación de BART, que se implementó en 2021.
Según el bufete de abogados, el jurado también estuvo de acuerdo con las cifras que los demandantes habían proporcionado por los salarios perdidos que habían sufrido tras perder sus puestos de trabajo. El jurado añadió entonces un millón de dólares a cada una de esas cifras, dijo el bufete, describiendo el veredicto como un “terremoto legal”.
“Los empleados ferroviarios prefirieron perder su medio de vida antes que renegar de su fe. Esto demuestra por sí solo la sinceridad y profundidad de sus convicciones”, declaró Kevin Snider, abogado jefe del Pacific Justice Institute, que actuó como abogado principal en el juicio. “Después de casi tres años de lucha, estos trabajadores esenciales se sienten escuchados y comprendidos por el jurado y se sienten contentos y aliviados por el veredicto”.
El bufete de abogados dijo: “Durante el juicio, los miembros del jurado escucharon testimonios convincentes de empleados dedicados. Uno de los demandantes había trabajado durante más de 30 años para BART, con un tramo de 10 años de asistencia perfecta, antes de ser despedido sin contemplaciones. Otra llevaba meses de baja, sin fecha prevista de reincorporación, cuando fue despedida”.
Los abogados de BART argumentaron que varios de los empleados que tenían conflictos con la vacuna tenían razones seculares, no religiosas. Pero el jurado no estuvo de acuerdo con esos argumentos, dijo el Pacific Justice Institute.
El mandato de la vacuna fue aprobado por el consejo de administración de BART en octubre de 2021 y estipulaba que todos los empleados debían recibir la vacuna COVID-19. Permitía que algunos empleados estuvieran exentos de la vacuna, incluso por razones religiosas.
Un año después, los empleados de BART presentaron una demanda colectiva en la que acusaban al operador de negar adaptaciones religiosas que violaban la ley estatal.
El juez de distrito de EE.UU. William Alsup, que presidió la demanda contra BART, dictaminó que las políticas del operador no violaban el derecho a la libertad religiosa de los empleados, según una orden que emitió en marzo.
Otra orden emitida por Alsup en enero determinó que BART recibió 188 solicitudes de exención y adaptación por motivos religiosos y que, de esa cifra, 40 optaron por no completar el proceso. Se les despidió del empleo o finalmente se les administró la vacuna.
“La demanda colectiva de los demandantes fracasa porque sus miembros tienen poco en común más allá de su solicitud de adaptación religiosa”, dijo además el juez en su orden. “No comparten una objeción religiosa común. No comparten una vocación o un conjunto de derechos contractuales. No presentan un conjunto similar de posibles adaptaciones y cargas asociadas. No presentan problemas similares de salud y exposición”.
“Las adaptaciones potenciales no afectan al mismo grupo de compañeros de trabajo. Esos compañeros no tienen los mismos derechos negociados”.
The Epoch Times se puso en contacto con BART el viernes para pedirle comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de la edición. El portavoz del operador ferroviario, James Allison, dijo al medio local SFGate que no tenía “ningún comentario” sobre el veredicto.
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