La justicia argentina abrió una investigación sobre las fuerzas de seguridad venezolanas por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil en las protestas de 2014 contra la gestión de Nicolás Maduro.
El fiscal federal, Carlos Stornelli, abrió la investigación a solicitud de la Clooney Foundation For Justice (CFJ), quien denunció en junio pasado a las fuerzas de seguridad venezolanas por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014 y solicitó a la justicia argentina investigar los casos bajo la figura de jurisdicción universal.
La figura legal permite que los países puedan juzgar los delitos cometidos en otros lugares por la gravedad de los mismos sin considerar dónde ocurrieron ni nacionalidad del autor o de la víctima. Argentina reconoce dicha figura.
En un requerimiento de instrucción de Stornelli, al que accedió la prensa argentina, el fiscal pretende determinar si tienen responsabilidad penal en los homicidios cometidos en 2014, los «integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana, sin perjuicio de toda otra responsabilidad que la instrucción eventualmente determine, sea del ámbito de la fuerza y/o de funcionarios gubernamentales de los cuales dependieran».
Entre febrero y mayo de 2014 se generaron una serie de protestas estudiantiles, principalmente en contra de la violencia en el país, que posteriormente escalaron contra la gestión de Maduro. La respuesta del estado fue reprimir las protestas que dejaron un saldo de, al menos, 43 personas fallecidas y 854 personas heridas o lesionadas, según la organización PROVEA. La organización comenzó a registrar el mismo año asesinatos en las manifestaciones cometidos por funcionarios de policía y paramilitares.
En el requerimiento, a la que tuvo acceso la agencia Associated Press, señala que “el ataque organizado contra la población civil entre febrero y mayo de 2014 respondió a una política del Estado venezolano”. Asimismo señala que los asesinatos presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas de al menos 25 manifestantes se dieron en un “plan sistemático” de represión contra opositores.
En la acción legal se investigan como «presuntos responsables» a 14 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de distintos rangos. Entre los funcionarios investigados se encuentran: el Mayor general Justo José Noguera Pietri, Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014; el general de División José Dionisio Goncalvez Mendoza, Comandante de la Guardia del Pueblo en 2014; y el general de Brigada Arquímedes Herrera Russo, Comandante de la Región N* 2 de Carabobo en 2014; también se incluye a coroneles, tenientes y sargentos de Carabobo.
Para el avance con la investigación, Stornelli pidió informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a la Organización de Estados Americanos (OEA), y a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) donde hay una investigación en curso por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Maduro, y que en 2021 concluyó que las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido tortura, violación, persecución política y represión.
En la denuncia de CFJ, cuyo equipo representa a familiares de dos víctimas de violencia cometidas por el aparato estatal venezolano, se pide una investigación externa porque «las autoridades venezolanas han incumplido su obligación de poner en marcha investigaciones efectivas sobre los presuntos crímenes internacionales—incluidos asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias— cometidos por funcionarios venezolanos».
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