La Justicia de Estados Unidos decidió hoy que el Gobierno que preside Donald Trump puede seguir enviando a México a algunos solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos, revirtiendo así el fallo previo de un juez federal que había bloqueado la medida.
El Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco (California), se mostró en esta ocasión favorable al Ejecutivo y, aunque no se trata de una decisión final, le permitió proseguir con la política que ya había empezado a implementar hasta que se resuelva el caso de manera definitiva.
Según los magistrados, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS por su sigla en inglés) logró probar que si esta política se bloqueaba como había ordenado el juez federal, ello causaría un «daño irreparable» al «eliminar una de las pocas medidas autorizadas por el Congreso para procesar los aproximadamente 2000 inmigrantes que llegan a la frontera sur de EE.UU. a diario».
El pasado 8 de abril, el juez Richard Seeborg, de un tribunal federal de San Francisco, ordenó al Gobierno bloquear esta política migratoria, una decisión que ya fue suspendida temporalmente por la Corte de Apelaciones con carácter de urgencia y que tras la decisión de hoy queda completamente sin efecto, pese a que todavía tenga que llegar un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.
La política de enviar a México a los demandantes de asilo (sin importar el país de dónde provengan) a la espera de que se resuelvan sus casos empezó en enero y desde entonces se ha enviado a ese país a unas 400 personas, según cifras del DHS, responsable de su implementación.
El pasado 24 de abril, la abogada Judy Rabinovitz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa junto a otras organizaciones a los once solicitantes de asilo que presentaron la demanda, acusó al Gobierno de estar enviando a migrantes a México pese a que ello pueda suponer un peligro para ellos.
Uno de los aspectos por los que se interesaron más los jueces en esa sesión fue el hecho de que los agentes de Inmigración no pregunten de forma directa a los solicitantes si tienen miedo de ser perseguidos en caso de ser enviados a México, algo que podría suponer una violación de la ley.
La Justicia federal californiana, de tendencia más progresista que la mayoría de las Cortes del resto del país, se ha erigido en favorita para los activistas para presentar demandas contra el Gobierno de Trump, especialmente en materia migratoria, en la que la Administración ya ha sufrido varios reveses, por lo que la decisión de hoy supone una excepción.
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