El Tribunal Superior de Londres anunciará este martes si autoriza a Julian Assange a volver a recurrir su caso en el Reino Unido o si, en cambio, puede activarse su extradición a Estados Unidos, aprobada por el Gobierno británico en 2022.
Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson, que en dos vistas preliminares en febrero escucharon a las partes, decidirán si secundan o revocan el fallo emitido el 6 de junio de 2023 por su colega Jonathan Swift.
Este juez le denegó el permiso de seguir recurriendo en este país y dio por buena la orden de entrega firmada en junio de 2022 por la entonces ministra del Interior Priti Patel.
Se espera que Stella Assange, esposa del informático australiano, que está en prisión preventiva en la cárcel londinense de Belmarsh, haga declaraciones el martes a las puertas de la corte, donde también se concentrarán decenas de partidarios del fundador de WikiLeaks.
Washington reclama a Assange por 18 delitos de espionaje e intrusión informática -penados, según su defensa, con hasta 175 años de cárcel- por las revelaciones de su portal, que en 2010 y 2011 expuso presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos en los conflictos de Irak y Afganistán.
Los abogados del antiguo ‘hacker’ pidieron al Tribunal Superior permiso para recurrir aspectos del litigio que no apelaron en otro proceso en 2021, así como la orden de extradición rubricada por Patel.
Si los magistrados acceden a su demanda, se iniciará un nuevo juicio de apelación ante la Justicia inglesa, que podría prolongarse en el tiempo.
Si se la deniegan, se activará su entrega a EE.UU., en cuyo caso la defensa ya ha dicho que solicitará medidas cautelares para detenerla al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la apertura de un proceso allí, si bien no hay garantías de que Estrasburgo lo acepte.
Al enumerar los argumentos que fundamentarían su potencial recurso, los abogados de Assange, Edward Fitzgerald y Mark Summers, dijeron en febrero que su entrega violaría el Tratado británico-estadounidense de extradición al ser los delitos imputados, a su parecer, de carácter político y contra su libertad de expresión, además de poder conllevar la pena de muerte.
También arguyeron que no tendría un juicio justo en territorio estadounidense ya que, por la ubicación de la corte, el jurado sería elegido entre personas vinculadas al Gobierno de Washington.
Clair Dobbin, en nombre de la Justicia de EE.UU., pidió por su parte al Superior que desautorice el recurso y dé luz verde a la entrega, al aducir que es legal porque los cargos que se imputan al acusado no son políticos sino «delitos penales basados en pruebas» recogidos en la ley americana de Espionaje de 2017.
Subrayó que es incorrecto cuando la defensa trata de comparar a Assange, del que dijo que trató entre 2009 y 2015 de reclutar a piratas informáticos para WikiLeaks, con «un periodista o editor ordinarios» que usen fuentes para sus noticias.
Julian Assange, que lleva casi 14 años de cautiverio en Inglaterra sin haber sido condenado por ningún delito, no pudo asistir a las vistas de febrero entre temores por el deterioro de su salud.
Tras ser detenido inicialmente en 2010 a instancias de Suecia por un caso hoy archivado, el australiano de 52 años se refugió en 2012 como asilado político en la embajada de Ecuador en Londres, de la que fue expulsado en 2019 y detenido a petición de Estados Unidos, lo que instigó el proceso actual.
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