La justicia ecuatoriana ordenó este jueves prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por su presunta implicación en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado.
La jueza nacional Daniella Camacho ordenó esa medida cautelar ratificando así la solicitud que el miércoles hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y teniendo en cuenta, dijo, que la prisión será «legal, constitucional y convencional» y por tanto «no arbitraria».
Salazar investiga una trama denominada «Sobornos 2012-2016» (antes «Arroz verde»), en la que están presuntamente implicados otros cuatro altos excolaboradores, directos o indirectos, del Ejecutivo de Correa (2007-2017), a los que también aplicó la misma medida cautelar este jueves.
La Fiscalía sospecha que la indagación arroja luz sobre cerca de una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el exgobernante hasta 2017.
En el caso del expresidente, Camacho consideró que la prisión preventiva es procedente ante la imposibilidad de dictar otras medidas idóneas que garanticen su comparecencia ante la justicia, dado que reside en Bélgica desde que abandonó el poder en mayo de 2017.
Y recordó que Correa tiene en su contra una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso de intento de secuestro en Colombia, en 2012, del político opositor Fernando Balda, por lo que justificó la prisión preventiva al no poder asegurar otro medio para que se enfrente a la justicia.
Hasta la fecha, Correa, que tiene más de una docena de expedientes abiertos no ha sido condenado por un tribunal en Ecuador, y se niega a regresar al país porque considera que es víctima de una persecución política por parte de su sucesor, Lenín Moreno, con el que está enemistado desde hace dos años.
En la misma sesión, Camacho aplicó la misma medida cautelar para el exvicepresidente Jorge Glas, que fue segundo de Correa entre 2013 y 2017 y ese año fue elegido nuevamente en binomio con el actual mandatario ecuatoriano.
Glas se encuentra en prisión desde hace casi dos años cumpliendo una condena de seis años por asociación ilícita en otro caso de la trama Odebrecht, aunque ha recurrido la sentencia y el próximo 11 de septiembre se abrirá el proceso.
Otros vinculados en el caso «Sobornos 2012-2016» son el exsecretario del Agua Walter Solís, y el que fuera secretario de la Administración Vinicio Alvarado (fugado aparentemente a Venezuela), además del antiguo asesor ministerial Yamil Massuh, arrestado el jueves «cuando quería escapar del país», según la Secretaría Anticorrupción de Ecuador.
Massuh, exasesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el Gobierno anterior de Correa, fue detenido a raíz de una alerta desde el Centro Binacional de Atención Fronteriza Huaquillas-El Oro, en el sur del país.
A todos ellos aplicó la prisión preventiva, en tanto que la jueza seguía la sesión sobre otros 17 presuntos implicados para los que la Fiscalía solicitó la prohibición de salida del país, la congelación de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes, entre otras medidas.
El caso se inició a raíz de la publicación por dos medios digitales locales de una supuesta trama de corrupción acuñada «Arroz Verde» y que analizó la presunta financiación irregular del movimiento político AP cuando era liderado por Correa y que involucraba a varias empresas nacionales e internacionales, entre otras, a la firma brasileña Odebrecht.
Según las sospechas, en la trama se pudieron adjudicar contratos públicos por valor de 150 millones de dólares de forma ilegal.
A pesar de satisfacer las demandas de la Fiscalía en cuanto a medidas cautelares, la jueza negó sin embargo una prórroga de 30 días y avanzó que el 29 de septiembre concluirá la instrucción fiscal del Caso Sobornos 2012-2016.
En el caso de juicio la Procuraduría comparecerá en calidad de víctima al no haber una acusación particular.
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