La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú declaró este miércoles infundada la apelación interpuesta por la defensa del expresidente Pedro Castillo, que pedía anular una denuncia de la Fiscalía, y por tanto seguirá siendo investigado por la presunta comisión de delitos de corrupción.
La sala presidida por el juez César San Martín decidió declarar infundada la apelación que «planteaba nulidad o dejar sin efecto la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía como diligencias por organización criminal, tráfico de influencia con agravantes y colusión agravada en investigación contra Castillo Terrones».
En la resolución, el juez señaló que la Fiscalía de la Nación no infringió los artículos 99, 100 y 117 de la Constitución al haber realizado diligencias preliminares contra el expresidente por dichos delitos.
«No se infringió disposición constitucional ni precepto legal alguno, así como tampoco derechos del impugnante. Su recurso debe desestimarse», indicó.
En este sentido, añadió que en noviembre de 2022, el Tribunal Supremo ya afirmó que el Ministerio Público, órgano persecutor del delito, puede realizar diligencias preliminares que, como tales, no afectan el contenido constitucionalmente garantizado de los límites que la Ley Fundamental reconoce en favor del presidente de la República.
Por lo que, «la aludida disposición de la Fiscalía de la Nación, al disponer diligencias preliminares contra el presidente de la República, no infringió los artículos 99, 100 y 117 de la Constitución».
El 31 de marzo, la Corte Suprema de Perú ratificó la decisión de imponer 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Castillo mientras es investigado por un caso de corrupción, tras rechazar un recurso de apelación presentado por su defensa.
A la orden de 36 meses de prisión preventiva se suma otra de 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión durante su intento fallido de autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
En el supuesto caso de corrupción, Castillo es investigado por presuntamente encabezar durante su Gobierno una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Esta investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso previo necesario.
El exmandatario ya no posee la inmunidad con la que contaba al tratarse de un caso durante su mandato como presidente.
«Hoy, más que nunca, vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o sido parte de una red criminal, jamás he sido cómplice de un delito sin autor», sostuvo este jueves el exjefe de Estado.
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