La Justicia peruana resolvió este viernes dejar en libertad a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por no haber riesgo de fuga ni de obstaculizar el proceso abierto en su contra, una semana después de su detención preliminar por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.
«No existe evidencia objetiva alguna de que el investigado Nicanor Boluarte Zegarra pueda ser proclive a incurrir o estar en riesgo el peligro procesal, ya sea en su manifestación de fuga o de obstaculización del accionar de la Justicia, ameritando ello la revocatoria de este decisión», dijo la jueza.
La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional también revocó la detención preliminar del abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, por las mismas razones.
Ambos, junto con otros implicados, fueron detenidos el 10 de mayo al estar investigados por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros delitos en agravio del Estado, dentro de la denominada operación ‘waykis en la sombra’, que investiga una presunta red de tráfico de influencias.
«El tribunal sustentó que no se cumplen los requisitos que establece el Código Procesal Penal para imponer la medida, no existe peligro de fuga ni de obstaculización para la averiguación de la verdad por parte de los imputados», detalló el Poder Judicial en la red social X.
Además, la sala desestimó el pedido del Ministerio Público para ampliar a 15 días el plazo de detención preliminar «para realizar actos de investigación urgentes e inaplazables en esta etapa preliminar».
Nicanor Boluarte afirmó en la audiencia que no es parte de ninguna organización criminal y defendió su puesta en libertad al decir que su actividad económica puede probarse y que tiene arraigo familiar, puesto que vive con su hija universitaria y es él quien sostiene la economía doméstica.
«El tiempo y el proceso se encargarán de poner las cosas en su lugar», sostuvo el hermano de la mandataria.
Por su parte, Mateo Castañeda expresó entre lágrimas su larga trayectoria laboral en la que nunca ha sido sancionado y señaló que no hay ninguna prueba que le relacione con la supuesta red criminal.
El caso de ‘waykis en la sombra’ fue impulsado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que sostiene que los implicados forman parte de una presunta red dedicada al tráfico de influencias y la designación de prefectos y subprefectos (delegados del Gobierno en las regiones), en torno a la creación del partido Ciudadanos por el Perú.
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