Un juzgado supremo de Perú declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el destituido expresidente Pedro Castillo en el proceso que se le sigue por el fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 y confirmó la vigencia de la medida, según la resolución publicada este sábado.
Castillo tiene una prisión preventiva vigente por 18 meses por el presunto delito de rebelión y conspiración por el intento de golpe de Estado, a la cual se suma otra orden de cárcel preventiva por 36 meses por supuestamente haber liderado una organización criminal al interior del Ejecutivo para cometer delitos de corrupción.
El juez supremo Juan Carlos Checkley determinó que aún subsisten los motivos que sustentaron el dictado de la prisión preventiva contra Castillo por el plazo de 18 meses en este proceso penal, según la resolución publicada por RPP Noticias.
En tal sentido, el juzgado supremo confirmó la vigencia de la prisión preventiva por 18 meses dictada por la misma sala el 15 de diciembre del 2022 y ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el 28 de diciembre del año pasado.
Castillo está recluido en el penal de Barbadillo, al este de Lima, después de que anunciase el cierre del Congreso y un gobierno de emergencia en un mensaje a la nación desde el Palacio de Gobierno el 7 de diciembre del 2022.
El pleno del Congreso lo destituyó, el mismo día que debía responder por una denuncia de presunta corrupción en el Ejecutivo, y minutos después Castillo fue detenido por su escolta cuando llevaba a su esposa e hijos a la embajada de México en Lima.
En junio pasado, el juez César San Martín declaró infundada la apelación que «planteaba nulidad o dejar sin efecto la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía como diligencias por organización criminal, tráfico de influencia con agravantes y colusión agravada en investigación contra Castillo Terrones».
En la resolución, el juez señaló que la Fiscalía de la Nación no infringió los artículos 99, 100 y 117 de la Constitución al haber realizado diligencias preliminares contra el expresidente por dichos delitos.
«No se infringió disposición constitucional ni precepto legal alguno, así como tampoco derechos del impugnante. Su recurso debe desestimarse», indicó.
El 31 de marzo, la Corte Suprema de Perú ratificó la decisión de imponer 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Castillo mientras es investigado por un caso de corrupción, tras rechazar un recurso de apelación presentado por su defensa.
En el caso de corrupción, Castillo es investigado por presuntamente encabezar durante su Gobierno una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Esta investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso previo necesario.
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