Un exempleado de una instalación rural de agua del centro de Kansas se declaró culpable el miércoles de manipular el sistema informático y de detener la planta, según anunció el Departamento de Justicia.
Wyatt Travnichek, de 23 años, de Lorraine, se declaró culpable de un cargo de manipulación de un sistema público de agua y de un cargo de daño imprudente a un sistema informático protegido durante un acceso no autorizado.
Travnichek fue contratado en el Distrito de Agua Rural de Post Rock en Ellsworth, que suministra agua a unos 1500 clientes en el centro de Kansas, en 2018, pero renunció un año después, en enero de 2019, según los documentos judiciales.
Mientras trabajaba en la planta, Travnichek podía vigilarla fuera del horario mediante un sistema de acceso remoto al que se podía acceder a través de un código de acceso compartido, según el Kansas City Star.
Meses después de haber renunciado, el 27 de marzo de 2019, el exempleado presuntamente utilizó su celular para acceder al sistema remoto y detener la planta, así como uno de sus filtros.
La Agencia de Protección Ambiental, la Oficina Federal de Investigación y la Oficina de Investigación de Kansas investigaron el caso y establecieron que el celular de Travnichek fue utilizado para cometer la violación.
Travnichek declaró posteriormente a los funcionarios que había estado ebrio en el momento del incidente y que no recordaba nada de aquella noche de marzo.
El exempleado se enfrenta a una pena de prisión de 12 meses y un día, aunque un juez del tribunal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
La fiscal adjunta Christine Kenney lleva el caso.
«Garantizar la seguridad de la infraestructura cibernética de nuestra nación es una de las principales prioridades del FBI y la declaración de culpabilidad subraya la dedicación conjunta a ese esfuerzo del FBI, la EPA y la Oficina de Investigación de Kansas», dijo el agente especial del FBI a cargo Charles Dayoub.
«No hay duda de que las acciones intencionadas de Travnichek pusieron directamente en peligro al público. La declaración de culpabilidad debe enviar un mensaje claro a cualquiera que intente manipular las instalaciones públicas: las fuerzas policiales seguirán investigando todas las amenazas que pongan en peligro la salud del público», añadió Dayoub.
El agente especial a cargo Lance Ehrig, de la División de Investigación Criminal de la EPA en Kansas, dijo que la protección del agua potable de Estados Unidos es una «prioridad máxima de la EPA».
«La EPA continuará nuestros esfuerzos enfocados con el DOJ y los estados mientras investigamos y perseguimos cualquier amenaza que pueda estar dirigida a los recursos vitales de agua potable de la comunidad», dijo Ehrig.
La ciberseguridad se ha convertido en un punto clave de la Administración Biden. Una devastadora oleada de ciberataques ha puesto en peligro los registros sensibles del gobierno y, en ocasiones, ha provocado el cierre de las operaciones de empresas energéticas, hospitales y escuelas.
A principios de esta semana, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció nuevas normas destinadas a frenar la venta de productos transgresores de ciberseguridad a algunos países con prácticas «autoritarias».
Una norma provisional publicada el miércoles establece que las empresas estadounidenses y cualquier compañía que venda software cibernético fabricado en Estados Unidos necesitarán una licencia cuando vendan herramientas de piratería informática u otros artículos de ciberseguridad a determinados gobiernos extranjeros o a cualquier comprador, incluidos los intermediarios, que supongan un riesgo para la seguridad nacional o preocupación por las armas de destrucción masiva, como China y Rusia.
Entre los usuarios a los que se les restringe el uso de estos productos también estarían aquellos sujetos a embargos de armas.
«Estos artículos justifican los controles porque estas herramientas podrían utilizarse para la vigilancia, el espionaje u otras acciones que interrumpan, denieguen o mermen la red o los dispositivos en ella», dice la norma provisional.
Está previsto que entre en vigor en 90 días.
Con información de Reuters.
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