Kari Lake (R-Ariz.) ha presentado una demanda ante la Corte Suprema de Arizona, buscando revisar su impugnación contra los resultados de las elecciones a gobernador del estado de 2022, que según los resultados oficiales fueron ganadas por la demócrata Katie Hobbs.
«Presentamos nuestro caso histórico de integridad electoral ante la Corte Suprema de Arizona. Recen por nuestros abogados. Recen por los jueces. Recen por la justicia. Recen por Estados Unidos», dijo Lake en un tuit del 2 de marzo. En un escrito presentado el miércoles, sus abogados alegaron que algunas de las impresoras de papeletas en el condado de Maricopa, donde reside más del 60 por ciento de los votantes del estado, habían tenido problemas durante las elecciones.
Los abogados afirmaron que muchos votantes republicanos fueron privados del derecho al voto tras el caos creado por los problemas técnicos en algunos colegios electorales, al mismo tiempo que señalaron una ruptura en la cadena de custodia de las papeletas en una instalación externa.
Tras un juicio de dos días celebrado en diciembre, un juez del condado de Maricopa desestimó la demanda de Lake por falta de pruebas. Lake recurrió entonces el caso ante el Tribunal de Apelaciones de Arizona. A mediados de febrero, el tribunal de apelaciones anuló también la impugnación.
El panel de tres jueces del tribunal de apelaciones había señalado que los argumentos de Lake solo ponen de relieve «las dificultades del día de las elecciones».
«Su solicitud de reparación fracasa porque las pruebas presentadas ante el tribunal superior apoyan en última instancia la conclusión del tribunal de que los votantes pudieron emitir su voto, que los votos fueron contados correctamente, y que ninguna otra base justifica la anulación de los resultados electorales».
Lake perdió ante Hobbs por poco más de 17,000 votos. Hobbs asumió el cargo de gobernadora el 2 de enero.
Cuestiones relativas a las pruebas COC y L&A
La demanda presentada ante la Corte Suprema de Arizona argumentaba que la sentencia del Tribunal de Apelaciones que denegaba el recurso de Lake ratificaba esencialmente la decisión de los funcionarios del condado de Maricopa de ignorar las normas estatales sobre la cadena de custodia (COC) de las papeletas, los requisitos de las pruebas de lógica y precisión (L&A testing) establecidos en el Manual de Procedimientos Electorales (EPM) de Arizona y los Estatutos Revisados de Arizona (ARS).
La ley de Arizona obliga «inequívocamente» a los funcionarios electorales a contar el número de papeletas y anotar el número en el formulario de recuperación cuando se abre el contenedor que contiene las papeletas, afirma la demanda.
En su escrito de apelación, el condado de Maricopa «admitió» que no siguió estos procedimientos de la cadena de custodia en relación con las papeletas depositadas en los buzones recuperadas el día de las elecciones (papeletas EDDB), según los abogados de Lake. En lugar de contar las papeletas cuando se abrían los contenedores en el Centro Electoral y de Tabulación del condado de Maricopa de conformidad con las normas del EPM, las papeletas EDDB simplemente «se clasificaban y se colocaban en bandejas de correo», declaró el condado según la demanda.
Las leyes estatales obligan a los condados a llevar a cabo pruebas de lógica y precisión en todos los «equipos de votación desplegables» para asegurarse de que los equipos y programas «contarán correctamente los votos emitidos para todos los cargos y en todas las medidas», dice la demanda, citando una ley de Arizona. Sin embargo, el condado de Maricopa solo realizó «pruebas de estrés», que no son pruebas de de lógica y precisión, según alega la demanda.
Problemas de verificación de firmas y violación de la igualdad de protección
Lake también alegó que el condado de Maricopa violó los procedimientos de verificación de firmas y aceptó papeletas ilegales con firmas no coincidentes. El panel del tribunal de apelaciones «se equivocó al desestimar» esta demanda al «malinterpretar la supuesta violación», alega la demanda.
«La reclamación de Lake no es que los procedimientos de verificación de firmas sean ilegales. Más bien, Lake impugna la mala conducta de Maricopa al no seguir los procedimientos de verificación de firmas en las elecciones de 2022».
La demanda cita una sentencia que dictaminó que «sin la firma apropiada de un votante registrado en el exterior, una boleta de ausente es nula y no puede ser contada».
La demanda también alega que se violó la cláusula de Igual Protección y Debido Proceso el día de las elecciones. «Los problemas del tabulador afectaron a los votantes republicanos el día de las elecciones más de 15 desviaciones estándar que a los votantes no republicanos el día de las elecciones».
Protección de la confianza pública
«Las consecuencias de las violaciones de Maricopa son graves», afirma la demanda. La sentencia del tribunal de apelaciones contradice la propia advertencia de la Corte Suprema del Estado de que «los estatutos electorales son obligatorios, no ‘consultivos’, o de lo contrario no serían ley en absoluto».
Señalando que la confianza pública en las elecciones se encuentra en un «mínimo histórico», la demanda señaló que decisiones como la sentencia del tribunal de apelación solo servirán para «erosionar aún más esa confianza».
«El legislador no pretendía que los funcionarios electorales tuvieran este grado de aislamiento. ‘Todas las elecciones serán libres e iguales, y ningún poder, civil o militar, interferirá en ningún momento para impedir el libre ejercicio del derecho de sufragio’ (Constitución de Arizona, Artículo 2, Sección 21)».
Los hechos indiscutibles, y las violaciones de la ley, demuestran que las elecciones de Maricopa de 2022 deben ser anuladas. La confianza debe ser restaurada. Este tribunal debe conceder la revisión para corregir este error manifiesto».
Los seis jueces de la Corte Suprema de Arizona —Robert Brutinel, Ann Timmer, Clint Bolick, James P. Beene, John Lopez IV, Kathryn Hackett King y Bill Montgomery— son republicanos.
Mientras que Brutinel y Timmer fueron nombrados durante el mandato de la gobernadora republicana Janice Kay Brewer, los cuatro jueces restantes fueron nombrados por el gobernador republicano Doug Ducey.
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