Un alto funcionario electoral del condado de Maricopa, Arizona, presentó el jueves una demanda por difamación contra la candidata del Partido Republicano, Kari Lake, quien respondió acusándolo de intentar censurarla.
Stephen Richer, funcionario electoral del condado de Maricopa, afirmó que se ha enfrentado a «la fuerte crítica violenta y otras consecuencias nefastas» a causa de las acusaciones vertidas por Lake sobre las elecciones de mitad de mandato de 2022. Tras las elecciones, Lake ha presentado varias demandas ante diversos tribunales del estado de Arizona para alegar que las irregularidades y errores que se produjeron durante las elecciones de mitad de mandato deberían convertirla en ganadora.
«En lugar de aceptar la derrota política, en lugar de conseguir un nuevo trabajo, ha intentado socavar la confianza en nuestras elecciones y ha movilizado a millones de sus seguidores contra mí», escribió Richer en un artículo de opinión publicado en The Arizona Republic.
Después de que se anularan varias demandas, Lake ha afirmado que Richer y otros funcionarios del condado de Maricopa interfirieron en las elecciones para impedir que ganara la carrera por la gobernación contra la demócrata Katie Hobbs, que tomó posesión como gobernadora en enero. Mientras tanto, Lake está considerando abiertamente la posibilidad de presentarse como candidata al Senado de EE.UU. y, al parecer, se la considera una de las principales aspirantes a ser la compañera de fórmula de Trump en su campaña presidencial de 2024.
La demanda de Richer, presentada ante el Tribunal Superior del condado de Maricopa, nombra a Lake, a su campaña y a su grupo de recaudación de fondos políticos como demandados. Además de una indemnización no especificada, Richer solicita una orden judicial que declare falsas las declaraciones de Lake y le exija que las elimine de las redes sociales.
Su demanda cuestiona dos de las alegaciones de Lake, incluida una que dice que Richer hizo imprimir intencionadamente imágenes de papeletas de 19 pulgadas en papel de 20 pulgadas, lo que causó problemas de recuento durante la jornada electoral. La otra alegación que señala en la demanda es que introdujo 300,000 papeletas falsas en el proceso de recuento.
En la demanda, incluía capturas de pantalla y enlaces a videos y posteos en las redes sociales en los que Lake hacía sus afirmaciones.
«Las declaraciones falsas y difamatorias de Lake Campaign acusaron a Richer, entre otras cosas, de sabotear intencionadamente las elecciones de 2022 haciendo que las impresoras de papeletas imprimieran intencionadamente papeletas de tamaño incorrecto», escribió en la demanda, añadiendo que sus declaraciones también «perjudicaron a Richer».
Sus abogados sostienen que Lake tiene derecho a criticarlo en virtud de la Primera Enmienda, pero afirmaron que hizo declaraciones falsas que podrían demostrarse difamatorias. «Ha sobrepasado con creces los límites de la libertad de expresión protegida que garantizan la Primera Enmienda y la Constitución de Arizona», afirmó Richer en el artículo de opinión de The Republic.
Su respuesta
En respuesta, Lake, que ya había prometido llevar sus impugnaciones electorales ante la Corte Suprema de EE. UU. si fuera necesario, escribió en su página de Twitter que la demanda de Richer es un intento de censurarla.
«Estoy denunciando la corrupción masiva en nuestras elecciones y este… me está demandando», escribió Lake en Twitter el jueves. «Quiere silenciarnos … unas elecciones corruptas nos han acarreado desastres como [Joe] Biden y Hobbs».
Los funcionarios que supuestamente «orquestaron el fraude generalizado quieren que nos callemos y lo aceptemos», escribió, añadiendo un enlace a un webste de donaciones. «No lo haremos. Nuestro país desaparecerá si no abordamos este problema. Quieren detener al presidente Trump. Quieren detenerme a mí. Quieren detenerte a ti. No. Va. A. Suceder».
Uno de los argumentos jurídicos de Lake es que miles de votantes republicanos fueron privados de sus derechos durante la jornada electoral del 8 de noviembre, afirmando que se produjeron errores en las máquinas de tabulación de votos en docenas de colegios electorales del condado de Maricopa, el más poblado del estado. También señaló que hubo presuntos problemas con el proceso de verificación de firmas del condado para los votos por correo.
El mes pasado, la demanda de Lake contra Maricopa, Richer y otros funcionarios electorales del estado fue rechazada por la Corte Suprema de Arizona, que dictaminó que el candidato del GOP no había presentado suficientes pruebas de fraude electoral generalizado. También en mayo, un juez del condado de Maricopa, Peter Thompson, dictó una sentencia que denegaba sanciones contra Lake y sus abogados después de que los funcionarios del condado de Maricopa las solicitaran.
«Aunque su argumento no prevaleciera, Lake, a través de su testigo, presentó hechos coherentes con su argumento jurídico y en apoyo de éste», escribió entonces Thompson. «El resto de las alegaciones de los demandados parecen basarse en el poder inherente del Tribunal como autoridad por la que solicitan al Tribunal que ‘conceda’ sanciones no especificadas ‘contra’ el abogado de Lake», dijo también.
El juez dijo que «reconoce su autoridad inherente para sancionar la conducta de mala fe de los abogados y que las reglas de conducta de los abogados en el Reglamento de la Corte Suprema proporcionan una base legal para imponer sanciones a los abogados», según la sentencia. Sin embargo, estipuló que «los litigantes opuestos en una disputa acalorada naturalmente verán las mismas pruebas de forma diferente».
En última instancia, Thompson denegó la solicitud de sanciones y la petición de reembolso el 26 de mayo, días después de que la fiscal del condado, Rachel Mitchell, presentara una moción de sanciones la semana pasada. Se produjo un día después de que Thompson dictaminara que Lake no había probado su afirmación de que los funcionarios del condado no habían verificado decenas de miles de firmas en los votos por correo.
Con información de The Associated Press.
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