La incendiaria conservadora Kari Lake dijo que tiene mucha confianza en una victoria legal en su próximo juicio después de que un juez dictaminara que el proceso de verificación de firmas del condado de Maricopa era ilegal.
Después de que el juez del Tribunal Superior del condado de Yavapai, John Napper, emitiera un fallo la semana pasada en el que consideraba que algunos de los procedimientos de verificación de firmas de Arizona violaban la ley estatal, Lake emitió un comunicado el 6 de septiembre, en el que expresaba su «máxima confianza» en que prevalecerá en su disputa legal relacionada con las elecciones contra los funcionarios del estado de Arizona.
«Después de este fallo, tengo la máxima confianza en que ganaremos nuestra demanda para revisar las firmas de votación anticipada a finales de este mes», dijo Lake en el comunicado.
La disputa legal de Lake contra las autoridades del estado de Arizona tiene su origen en las reclamaciones de que se le arrebató la victoria en noviembre de 2022 debido, en parte, a supuestos procedimientos inadecuados de verificación de las firmas de las papeletas.
Varios tribunales fallaron en su contra, pero ella apeló y la Corte Suprema de Arizona decidió recientemente que la apelación está ahora lista para un juicio el 21 de septiembre, donde sus preocupaciones sobre cuestiones de verificación de firmas serán ventiladas y consideradas por el tribunal.
La declaración de Lake expresando confianza en que prevalecerá en el juicio se produce después de que el juez John Napper emitiera un fallo la semana pasada (pdf) en una demanda contra el Secretario de Estado de Arizona Adrian Fontes presentada por el grupo de interés público Restoring Integrity and Trust in Elections (RITE).
El grupo alegó que Fontes infringió la ley en lo que respecta a los procedimientos de verificación de firmas en las papeletas de voto por correo. En concreto, el grupo alegó que la interpretación de Fontes de «registro de inscripción» en el Manual de Procedimientos Electorales del Secretario de Estado era irrazonablemente amplia y expandía indebidamente el conjunto de firmas con las que podía compararse una firma de declaración jurada de voto anticipado, aumentando el riesgo de falsos positivos.
«Mientras que la ley estatal exige a los registradores del condado que comparen las firmas de voto por correo con las firmas en el ‘registro de inscripción’ del votante, el Secretario les dio instrucciones para utilizar un universo más amplio y menos fiable de comparación de firmas», dijo RITE en una declaración el 5 de septiembre sobre la sentencia judicial.
«Eso significa que el Secretario exigía que se contaran las papeletas a pesar de utilizar una firma que no coincidía con nada en el registro de inscripción del votante. Esto fue una clara violación de la ley estatal», añadió el grupo.
En su declaración sobre la sentencia, Lake expresó su alivio por el hecho de que el juez dictaminara que el proceso de cotejo de firmas de Arizona es ilegal.
«El completo abandono por parte del condado de Maricopa de las normas de verificación de firmas ha permitido que la integridad de nuestras elecciones sea arrasada», dijo Lake.
«Las leyes electorales no son sugerencias o directrices, son la ley», continuó, añadiendo que está agradecida de que el tribunal «recordara» a Fontes este hecho.
La oficina de Fontes no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la sentencia.
La definición de «expediente de registro» en el punto de mira
Los documentos judiciales muestran que Fontes argumentó que la definición legal de «registro de inscripción» es ambigua, por lo que tiene derecho a proporcionar orientación sobre su interpretación.
«¿El uso por parte del legislador del término expansivo ‘registro’ de inscripción significa realmente el término más restrictivo (pero no utilizado) ‘formulario’ de inscripción a efectos de verificar una firma en una papeleta de votación anticipada?», se lee en una moción para desestimar (pdf) la demanda RITE presentada por los abogados de Fontes.
«La respuesta es ‘no'», argumentaron los abogados, enumerando razones que incluyen la autoridad estatutaria del Secretario de Estado para llevar a cabo las elecciones de manera justa e imparcial.
El juez no estuvo de acuerdo con el razonamiento, sin embargo, argumentando que hay poco margen para la ambivalencia en la ley electoral de Arizona.
«Este argumento fracasa porque no hay ambigüedad en el estatuto», escribió el juez Napper en su opinión.
Añadió que el «estatuto de Arizona es claro y sin ambigüedades» en el sentido de que requiere que el registrador «revise la tarjeta de registro del votante» y no otros documentos que lleven la firma del votante.
El juez Napper también señaló que el proceso de cotejo de firmas de Fontes en el Manual de Procedimientos Electorales «contradice el lenguaje llano» de las leyes electorales de Arizona al permitir el cotejo de firmas con documentos que no tienen «nada que ver con el acta de registro.»
Tras sopesar los argumentos, el juez denegó la petición de Fontes de desestimar la demanda.
Derek Lyons, director general de RITE, emitió un comunicado en el que calificaba la sentencia del juez Napper de «enorme victoria para garantizar las elecciones que los arizonenses merecen, que son elecciones en las que pueden confiar».
«RITE se basará en esta victoria para seguir luchando en los tribunales por unas elecciones que se administren de acuerdo con las leyes promulgadas democráticamente, no con comandos partidistas ilegales», añadió.
El grupo dijo en un comunicado que el fallo demuestra que Fontes debe cambiar sus procedimientos de verificación de firmas antes de las próximas elecciones para «proteger la integridad del proceso de votación por correo de Arizona» o enfrentarse a más consecuencias legales.
Si bien Lake ha expresado su confianza en que la sentencia tendrá un impacto en sus posibilidades de prevalecer en el juicio a finales de septiembre, las implicaciones de la decisión del juez Napper siguen sin estar claras.
La lucha de Kari Lake por la coincidencia de firmas
Los datos electorales de las elecciones de noviembre de 2022 muestran que Lake quedó por detrás de la demócrata Katie Hobbs -que desde entonces ha sido declarada gobernadora de Arizona- por unos 17.000 votos.
Lake y su equipo legal argumentaron que hubo una avalancha de votos por correo en el condado de Maricopa en un momento en que había muy pocos trabajadores para verificar las firmas de votación correctamente.
Sus abogados sostuvieron que había pruebas de que los examinadores de nivel inferior que encontraron incoherencias en las firmas las transmitieron a la cadena de mando, donde fueron ignoradas por los verificadores de nivel superior.
El equipo de campaña de Lake compartió un vídeo de lo que parece ser un revisor de firmas haciendo clic a través de las firmas rápidamente, alrededor de una por segundo, lo que sugiere que los revisores no estaban «tratando la integridad de su voto con el respeto que se merece».
Sus abogados argumentaron que los funcionarios del condado de Maricopa finalmente aceptaron miles de papeletas que habían sido rechazadas anteriormente por los trabajadores por tener firmas que no coincidían.
Lake demandó a Hobbs, junto con Fontes y los funcionarios electorales del condado de Maricopa, solicitando que se anularan los resultados de las elecciones del año pasado o que se la declarara ganadora.
El juez del Tribunal Superior del condado de Maricopa, Peter A. Thompson, falló en contra de Lake, argumentando que su equipo no había aportado pruebas suficientes para respaldar su demanda y que el poco tiempo empleado en verificar cada firma no era relevante y, por tanto, no constituía una infracción de la ley.
Thompson también escribió en el fallo que la orden equivale a «confirmar la elección de Katie Hobbs como Gobernadora de Arizona».
El 31 de mayo, Lake presentó una notificación de apelación, con el litigio en curso ante el Tribunal de Apelaciones de Arizona.
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