La excandidata presidencial peruana y lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afrontará un juicio oral desde el próximo 1 de julio por presunto lavado de activos en libertad y bajo las condiciones de la comparecencia impuesta en su contra, después de que una sala rechazara el pedido fiscal de prisión preventiva.
La decisión fue tomada por el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tras evaluar los argumentos de la Fiscalía para revocar la medida de comparecencia por la prisión preventiva contra Fujimori.
Tras escuchar también a la abogada de la líder opositora, Giulliana Loza, Zuñiga resolvió que «por los fundamentos expuestos se declara infundado el requerimiento fiscal».
Durante la audiencia, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez sustentó su pedido en un supuesto incumplimiento por parte de Fujimori de la prohibición de ausentarse de su domicilio sin previa autorización del juzgado.
Loza replicó que, desde enero de este año, su defendida no tiene una orden de impedimento de salida del país y por ese motivo hizo un viaje a Estados Unidos.
Al emitir su decisión, el juez remarcó que actualmente se está «en otra etapa procesal», ya que autorizó que Fujimori sea sometida a un juicio oral desde el próximo 1 de julio.
Remarcó, además, que la última resolución que emitió dejó sin efecto las anteriores restricciones establecidas con la comparecencia y «por consiguiente el requerimiento debe ser desestimado».
En un momento, Zúñiga calificó de «argumento impertinente» que el fiscal Pérez haya manifestado que el «apellido Fujimori es sinónimo de impunidad» en Perú.
Tras conocerse la resolución, el fiscal anticorrupción manifestó su desacuerdo y anunció que interpondrá un recurso de apelación para que su solicitud sea revisada por una instancia judicial superior.
Pérez pidió a fines de mayo pasado que se emita una nueva orden de prisión preventiva contra Fujimori, tras lo cual Loza aseguró que el fiscal «está desesperado» y lo acusó de un «desconocimiento actual del proceso».
La abogada recordó que en abril de 2020 Fujimori salió de prisión con una orden de comparecencia con restricciones y dijo que en mayo del año pasado un tribunal «estableció nuevas reglas de conducta» y que «la única prohibición que tiene es no variar su domicilio».
Por este caso, Fujimori ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones entre 2018 y 2020.
El juicio responde a los millonarios aportes que presuntamente recibió Fujimori de empresas como la brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, y en las que su entorno más cercano en el partido Fuerza Popular participó aparentemente como intermediario.
A raíz de los cargos, Pérez ha pedido 30 años y 10 meses de prisión para la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y la disolución de Fuerza Popular, con el argumento de que fue creado por una presunta organización criminal.
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