El Poder Judicial rechazó el pedido de prisión provisional para Keiko Fujimori por presunto lavado de dinero en medio de la campaña que ha emprendido contra los resultados de las recientes elecciones presidenciales de Perú.
Fujimori continuará en libertad condicional, pero fue apercibida por el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado, por haber incumplido el requerimiento judicial de no reunirse con testigos de su caso, en el que está acusada a 30 años y 10 meses de cárcel.
El magistrado a cargo de tutelar el caso desestimó la solicitud del fiscal José Domingo Pérez para que regrese a la cárcel pese a que consideró que, efectivamente, había incumplido las condiciones de su libertad.
Entre las condiciones de la libertad condicional que permitió a Fujimori salir de la cárcel en mayo de 2020 tras haber pasado quince meses en prisión preventiva, estaba no reunirse ni comunicarse con otros imputados o testigos del caso.
La candidata de Fuerza Popular apareció públicamente con el abogado y portavoz del partido Miguel Ángel Torres, quien está incluido en el caso como testigo. Asimismo, en los últimos días estuvo con la abogada y líder del Partido Popular Cristiano (PPC) Lourdes Flores, otra testigo.
Sin embargo, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, dijo que su patrocinada podía tener relación con ambos porque no son testigos por haber realizado presuntas donaciones falsas de dinero al partido fujimorista, argumento que fue desestimado por el juez.
“Considero que el pedido del fiscal es un pedido absurdo y arbitrario porque, como bien lo saben los señores periodistas que me han acompañado durante esta campaña, la presencia de Miguel Ángel Torres ha sido pública y lo viene siendo desde hace muchos meses atrás. No existe ningún impedimento para que él o la doctora Lourdes Flores Nano se comuniquen conmigo”, dijo Fujimori ante la prensa en la sede judicial.
Desde hace más de cuatro años Fujimori está imputada por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales para la Presidencia en los comicios de 2011 y 2016.
Ante su posible regreso a prisión, Fujimori criticó que el fiscal solicitase su nuevo encarcelamiento el mismo día que anunció que solicitaría la anulación de más de 200,000 votos al considerar un presunto fraude electoral.
Todos los recursos de Fujimori para anular actas electorales han sido desestimados o rechazados en primera instancia por los jurados electorales, pero ahora está apelando en segunda instancia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral de Perú.
«Nosotros estamos tranquilos, con fe, con esperanza y con la frente bien en alto. Lo que buscamos es saber la verdad y que se haga un análisis de las actas donde hemos encontrado irregularidades», afirmó Fujimori a la salida del juzgado.
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