La Decimotercera Enmienda, que abolió la esclavitud, puede proteger el aborto como un derecho federal, dijo una jueza federal el 6 de febrero, en un proceso en curso en contra de activistas provida acusados de conspiración para bloquear el acceso a una clínica abortista.
La declaración podría abrir una nueva línea de acción que los activistas proabortistas podrían utilizar para impulsar su causa, dado que la Corte Suprema anuló el precedente del caso Roe vs. Wade, de 49 años de antigüedad, al sostener que la Constitución no protege el aborto como derecho.
La sentencia en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, dictada en junio de 2022, abrió la puerta a una gran cantidad de demandas y nuevas restricciones estatales al aborto.
El propio caso Roe sostenía que el derecho al aborto formaba parte del derecho a la intimidad que emana de la Primera, Cuarta, Quinta, Novena y Decimocuarta Enmiendas.
Su precedente complementario, Planned Parenthood vs. Casey (1992), que también fue anulado, sostenía que los estados no podían imponer restricciones significativas al aborto antes de que un feto fuera viable para la vida fuera del útero. Casey se basaba en la idea de que abortar era un derecho protegido por la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda.
El comentario, se produjo en una sentencia dictada por la jueza Colleen Kollar-Kotelly, de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia.
Lauren Handy y otros nueve acusados fueron procesados (pdf) el año pasado por conspirar para obstruir el acceso a una clínica de abortos en octubre de 2020, una violación de la ley federal. Handy solicitó que se desestimara la acusación por falta de jurisdicción, citando la sentencia Dobbs, que afirma que «la Constitución no confiere un derecho al aborto».
Handy es la directora de activismo de Progressive Anti-Abortion Uprising, que describe su misión como la movilización de «activistas de base contra el aborto para la acción directa y [para] educar sobre la influencia explotadora del Complejo Industrial del Aborto a través de una lente anticapitalista».
«Como católica y progresista que soy, me veo obligada por mis profundas creencias (religiosas y políticas) a poner mi cuerpo entre el oprimido y el opresor», declaró Handy tras salir de la cárcel en julio de 2022, por otro cargo.
Pero el «argumento constitucional de Handy se basa en la falsa premisa jurídica» de que la ley federal que impugna «solo regula el acceso al aborto», escribió Kollar-Kotelly en su nueva orden (pdf). De hecho, la ley «regula una amplia categoría de ‘servicios de salud reproductiva’, incluidos, entre otros, los ‘servicios de asesoramiento o derivación'».
Handy está tratando de resolver los cargos que pesan contra ella invocando una disposición constitucional, por lo que la jueza Kollar-Kotelly ordenó al abogado defensor y a los fiscales que presenten más información al tribunal.
Aunque Dobbs se ha interpretado en el sentido de que «la Corte Suprema sostuvo que ninguna disposición de la Constitución extiende ningún derecho a los servicios de salud reproductiva (…) la Corte no está segura de que éste sea el caso», escribió la jueza.
Tanto las opiniones mayoritarias como las disidentes en el caso Dobbs se centraron únicamente en la Decimocuarta Enmienda y en la Enmienda de Igualdad de Derechos, aún no ratificada, por lo que «es totalmente posible que la Corte hubiera sostenido en el caso Dobbs que alguna otra disposición de la Constitución otorgaba un derecho de acceso a los servicios reproductivos si se hubiera planteado esa cuestión. Sin embargo, no se planteó».
Los estudiosos y una decisión de una corte federal de apelaciones sugieren que la Decimotercera Enmienda en particular «podría contener algún derecho de acceso a tales servicios», escribió la jueza.
Kollar-Kotelly ordenó a los fiscales que presenten un escrito antes del 3 de marzo y a los abogados defensores a que presenten un escrito de réplica antes del 17 de marzo sobre si la sentencia Dobbs se limita a los motivos de la Decimocuarta Enmienda.
Kollar-Kotelly no es ajena a la controversia.
En octubre de 2017, la jueza, designada por Clinton, emitió una medida cautelar para bloquear el memorando del entonces presidente Donald Trump que extendía la prohibición de que las personas transgénero se unieran a las fuerzas armadas y ordenaba a las fuerzas armadas que dieran de baja a los miembros transgénero en servicio, según Ballotpedia.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el equipo jurídico de Handy y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para recibar sus comentarios.
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