La abogada, Sidney Powell, una de los 18 coacusados junto con el expresidente Donald Trump en el caso de interferencia electoral en Georgia, exigió en una audiencia el 14 de septiembre pruebas al estado que, según dijo, exonerarían a su cliente.
Powell, una de las abogadas del presidente Trump en sus impugnaciones de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, está acusada de seis cargos de conspiración en los que se alega que consiguió que una empresa de análisis forense de datos accediera y copiara datos de máquinas y ordenadores electorales en el condado de Coffee, Georgia, sin autorización, el 7 de enero de 2021.
El abogado Brian Rafferty, que representa Powell, dijo que existen pruebas documentales que establecen que ella no estaba involucrada.
Dijo que los funcionarios del Condado de Coffee, de hecho, habían emitido una carta invitando a la visita forense de datos, autorizándola así.
El juez de la Corte Superior Scott McAfee en la audiencia en Atlanta concedió una moción de Powell y el coacusado Kenneth Chesebro para separar sus casos de los de Trump y otros 16 coacusados, pero negó una moción para separar sus casos entre sí.
Serán juzgados juntos y se les ha concedido un juicio rápido.
El juez McAfee no tomó ninguna medida sobre otras cuestiones argumentadas en la audiencia, incluidas las peticiones de la defensa para entrevistar a los miembros del gran jurado sobre posibles conductas indebidas del Estado y el procedimiento para interrogar a los miembros del jurado para su juicio.
El juez dijo que comenzará el 5 de noviembre.
El abogado de Rafferty y de Chesebro, Scott Grubman, dijo al juez McAfee que el Estado no había respondido durante semanas a sus demandas de pruebas beneficiosas para los acusados, que el Estado está legalmente obligado a entregarles.
El fiscal especial Nathan Wade les aguijoneó mientras les entregaba discos duros con ocho terabytes de datos sobre el caso.
«Parece que Rafferty no solo quiere que se le entregue la información, sino que quiere que se la den a cucharadas», dijo el Sr. Wade.
El Sr. Rafferty argumentó que el volcado masivo de datos no era suficiente.
Dijo que la obligación del Estado, en virtud de la histórica decisión de la Corte Suprema de 1963 en el caso Brady contra Maryland, no se satisface «con la entrega de ocho terabytes de información y diciendo: ‘Vayan a buscarla'». »
Un terabyte de almacenamiento de datos puede contener hasta 85 millones de documentos, según una estimación en línea.
El caso, uno de los cuatro casos penales a los que se enfrenta el ex presidente a nivel nacional, fue presentado el 14 de agosto por la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis.
En ella se alega que las impugnaciones de las elecciones por parte de los acusados constituyeron una conspiración al amparo de la Ley de Organizaciones Corruptas Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés) de Georgia. El enorme caso de 98 páginas contiene 41 cargos criminales.
Powell se enfrenta a cargos de conspiración de crimen organizado, conspiración para cometer fraude electoral, conspiración para cometer robo informático, conspiración para cometer allanamiento informático, conspiración para cometer invasión informática de la privacidad y conspiración para defraudar al estado.
Chesebro, otro abogado que representa a Trump en las impugnaciones de las elecciones, está acusado de idear y ejecutar una estrategia de electores suplentes en la que se centra gran parte de la acusación.
Willis alegó en la acusación que Powell participó en una conspiración de chantaje mediante la manipulación de máquinas y ordenadores electorales y el robo de datos de los mismos.
Ella «celebró un contrato» con la empresa forense de datos SullivanStrickler y «causó» que sus empleados copiaran datos de los equipos electorales en el condado de Coffee, Georgia, después de las elecciones de 2020, según la acusación.
De hecho, Powell afirmó en una presentación judicial del 30 de agosto que, aunque su nombre estaba impreso en el contrato de SullivanStrickler, nunca lo firmó.
«No existía ningún contrato para que SullivanStrickler realizara imágenes forenses de los sistemas de votación del condado de Coffee», decía su declaración.
«Powell no firmó tal contrato. Ella no planificó ni organizó el viaje al condado de Coffee. Tampoco solicitó a SullivanStrickler que llevara a cabo ese proyecto».
Petr Svab contribuyó a este informe
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