La administración Trump ha solicitado a la Corte Suprema de los Estados Unidos que anule las disposiciones de una ley de «santuario» de California que limita la cooperación entre los agentes de la ley estatales y locales y los agentes federales de inmigración.
La demanda, que comenzó en 2018, llegó al tribunal superior después de que los tribunales inferiores se negaran a ordenar varias disposiciones de la Ley de Valores de California, o Proyecto de Ley del Senado 54 (SB 54).
La administración solicitó a los tribunales que eliminen las disposiciones SB 54 (pdf) que prohíben que los agentes de la ley estatales y locales compartan información sobre la liberación de custodia de un inmigrante ilegal, información personal y descripción física a los agentes de inmigración. Además, la ley también prohíbe que los funcionarios estatales y locales transfieran a estas personas a agentes de inmigración a menos que estén en circunstancias exentas, como en virtud de una orden judicial.
El gobierno de los Estados Unidos argumenta que la SB 54 «reconoció» frustrar [s] «y» obstruye «la aplicación de la ley federal de inmigración», ya que elimina la posibilidad de que los agentes de inmigración detengan a los inmigrantes ilegales antes de la liberación.
En su argumento, el gobierno de EE.UU. dice que las disposiciones de la SB 54 invaden el derecho del gobierno federal a establecer condiciones bajo las cuales los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos pueden ser detenidos, liberados y retirados, y agrega que el gobierno federal tiene un «poder absoluto y exclusivo sobre inmigración, naturalización y deportación».
«La ‘supremacía del poder nacional’ en esta área ‘queda clara en la Constitución, fue señalada por los autores de The Federalist en 1787 y ha sido reconocida continuamente por este Tribunal'», declaraba la petición.
Además, el gobierno de los EE.UU. también argumentó que no eliminar las disposiciones de la SB 54 tiene «consecuencias significativas en el mundo real». El tribunal de apelación había reconocido que la SB 54 requiere que los oficiales federales vigilen una cárcel para intentar realizar un arresto público, lo que presenta riesgos para el oficial de detención y el público en general.
«Cuando los oficiales no pueden arrestar a los extranjeros, a menudo extranjeros criminales, que están en proceso de deportación o se les ha ordenado que los retiren de los Estados Unidos, esos extranjeros regresan a la comunidad, donde los delincuentes tienen una probabilidad desproporcionada de cometer crímenes», dijo la petición. .
“Ese resultado socava la seguridad pública, la aplicación de la ley de inmigración y el estado de derecho. A la luz de la tenencia errónea y perjudicial del Noveno Circuito, este Tribunal debería nuevamente otorgar certiorari para resolver cuestiones importantes sobre la interacción del poder estatal y federal con respecto a la ley de inmigración y estatus de extranjero ”, argumentó.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos confirmó las disposiciones de la SB 54 en su decisión de abril (pdf). El panel de tres jueces rechazó los argumentos del gobierno para anular las disposiciones, y dictaminó que la décima enmienda de la doctrina anti-comandante que no requiere que los estados tomen medidas del gobierno federal para hacer cumplir las políticas federales.
Junto con SB 54, la demanda inicial también le había pedido a la corte que otorgara una orden judicial preliminar para otras dos leyes de California. Una ley requería que los empleadores alertaran a los empleados antes de las inspecciones federales de inmigración, mientras que la otra impone requisitos de inspección en las instalaciones que tienen detenidos de inmigración civil. Los tribunales inferiores sostuvieron que esas disposiciones probablemente no eran válidas, según la petición.
California tiene hasta el 22 de noviembre para responder a la petición.
Según los datos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta mayo de 2019, la mayoría de los detenidos de ICE fueron enviados al norte de California. El promedio de detenciones mensuales de ICE preparadas para las agencias policiales de California aumentó un 42 por ciento en comparación con los niveles de 2014. En promedio, se enviaron 3246 detenidos de ICE a agentes de la ley de California en el año fiscal 2019.
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