La Cámara aprobó una resolución de desaprobación el 19 de abril para bloquear la Ley de Enmienda de la Reforma Integral de la Policía y la Justicia del Distrito de Columbia de 2022.
La votación fue 229-189. Catorce demócratas se unieron a los 215 republicanos para votar por la resolución.
La ley del Distrito de Columbia, que entrará en vigor el 11 de mayo a menos que el Congreso y el presidente la bloqueen, prohibiría al Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia (MPD) y a otras fuerzas del orden locales el uso de «restricciones de llaves de [defensa personal en el] cuello o cualquier otra técnica que provoque asfixia, suponga un peligro innecesario para el público y constituya un uso excesivo de la fuerza”.
La ley (que la alcaldesa de D.C. Muriel Bowser, demócrata, vetó y el ayuntamiento anuló) también aprueba el uso de imágenes de cámaras corporales de la policía y requiere, con un par de excepciones, que el alcalde publique dichas imágenes con los nombres de los oficiales detrás de las imágenes donde «los oficiales [estaban] directamente involucrados en la muerte o el uso grave de la fuerza por parte del oficial».
Sin embargo, el alcalde no puede publicar imágenes si el pariente más cercano de un oficial estuvo involucrado en la muerte o hubo «uso grave de la fuerza, o si la persona es menor de edad o incapaz de dar su consentimiento, [o] los familiares de la persona» no están de acuerdo con su divulgación.
Además, la ley autoriza a los miembros del Departamento de Policía de la Autoridad de Vivienda del Distrito de Columbia (DCHAPD) “a realizar arrestos, portar un arma de fuego y realizar otras funciones normalmente reservadas a los miembros del Departamento de Policía Metropolitana”. También permite que el personal de la Oficina del Inspector General (OIG) de D.C. “porte un arma de fuego, realice arrestos sin orden judicial por delitos graves que infrinjan la ley y actúe como declarante de órdenes de allanamiento”. La ley somete a la DCHA y la OIG a la misma supervisión y proceso que se utiliza para tratar las quejas contra los agentes del MPD.
La ley establece una Junta de Quejas contra la Policía que consta de nueve miembros, incluido un representante de uno de los ocho distritos de D.C. y un miembro general. Los miembros son designados por el alcalde y requieren la confirmación del Concejo de D.C., que tiene 90 días para actuar sobre la nominación. Si no hay votación sobre el candidato dentro de ese plazo, entonces el designado es rechazado. La ley despojaría al alcalde del poder de nombrar al presidente de la junta, dándoselo a la junta. Sin embargo, el alcalde puede destituir a un miembro de la junta por una causa justificada.
La ley de reforma policial y judicial ha sido criticada por los republicanos por ser dura con las fuerzas del orden.
“Esta Resolución Conjunta desaprobaría la Ley de Enmienda de Reforma Integral de la Policía y la Justicia de 2022 que fue aprobada por el Concejo de D.C. desafiando las preocupaciones de seguridad muy reales planteadas por las fuerzas del orden”, dijo el representante Andrew Garbarino (R-N.Y.) al Washington Post. “Es hora de decir basta y hacer retroceder la narrativa contra la policía, comenzando aquí en la capital de nuestra nación”.
El representante Andrew Clyde (R-Ga.), quien presentó la resolución de desaprobación, calificó la ley pendiente de D.C. como una “medida contra la policía”.
Sin embargo, la delegada del Congreso de DC, Eleanor Holmes Norton, expresó objeciones a la resolución del Partido Republicano.
“La historia legislativa y los méritos de la Ley de Enmienda de Reforma Integral de la Policía y la Justicia de 2022, que es el tema de esta resolución de desaprobación, deberían ser irrelevantes, ya que nunca hay justificación para que el Congreso anule la legislación promulgada por Washington, pero me gustaría dejar las cosas claras», dijo en el pleno de la Cámara.
“La Ley de Enmienda de la Reforma Integral de la Policía y la Justicia de D.C. de 2022, entre otras cosas, facilitaría el despido de agentes por mala conducta; prohibiría la contratación de funcionarios con antecedentes de mala conducta; exigiría la publicación de los nombres y las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes directamente implicados en la muerte o el uso grave de la fuerza por parte de un agente; fortalecería la supervisión civil a la policía; establecería una base de datos pública de denuncias sostenidas de mala conducta de los oficiales; haría que los registros disciplinarios de los oficiales estén sujetos a publicación bajo la Ley de Libertad de Información de D.C. y prohíbiría los estrangulamientos y las restricciones asfixiantes”, agregó.
Si bien el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara controlada por el Partido Republicano, es poco probable que sea aprobado por el Senado controlado por los demócratas. La Casa Blanca ha dicho que el presidente Joe Biden vetaría la resolución si llegara a su escritorio.
“El presidente cree que tenemos la obligación de asegurarnos de que toda nuestra gente esté segura y que la seguridad pública depende de la confianza pública. Es una política central de esta Administración proporcionar a las fuerzas del orden público los recursos que necesitan para una vigilancia comunitaria eficaz y responsable”, dijo la Casa Blanca en una Declaración de política de administración del 17 de abril.
“Si bien el presidente Biden no apoya todas las disposiciones de la Ley de Enmienda a la Reforma Integral de la Policía y la Justicia de 2022, no apoyará los esfuerzos de los republicanos en el Congreso para anular las reformas policiales de sentido común, como: Prohibir los estrangulamientos; limitar el uso de la fuerza y la fuerza letal; mejorar el acceso a las grabaciones de cámaras corporales; y exigir capacitación de oficiales sobre desescalada y uso de la fuerza”, continuaron. “El Congreso debe respetar el derecho del Distrito de Columbia a aprobar medidas que mejoren la seguridad pública y la confianza pública”.
Sin embargo, Biden firmó en marzo una resolución republicana anulando un proyecto de ley contra el crimen en D.C.
La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y el Senado, controlado por los demócratas, aprobaron la resolución de manera bipartidista y Biden expresó que firmaría el proyecto de ley, enfrentándose a los progresistas y a su propia creencia de que el Distrito de Columbia debería ser un estado. El dilema también puso a Biden en un aprieto en medio de las críticas del Partido Republicano de que sus compañeros demócratas son blandos con el crimen. Bowser, vetó el proyecto de ley, solo para que el consejo de la ciudad anulara su veto. La resolución fue la primera vez en décadas que el Congreso votó para anular un proyecto de ley de D.C.
Según el código, la pena mínima obligatoria por asesinato en primer grado se habría mantenido en 24 años de prisión, pero la pena máxima se habría reducido de cadena perpetua a 51 años de prisión. La pena por asesinato en primer grado sería de 57 años si el acusado ya fue acusado de un delito de asesinato cometido mientras estaba en libertad. Todas las demás sentencias mínimas obligatorias habrían sido eliminadas bajo el código.
La ley también habría permitido que los jurados decidieran casos de delitos menores.
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