La Casa Blanca comentó sobre un hombre detenido por presuntamente intentar matar al juez Brett Kavanaugh de la Corte Suprema, el 8 de junio.
«El presidente condena las acciones de este individuo en los términos más enérgicos y agradece a las fuerzas policiales que lo hayan detenido rápidamente», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dirigiéndose a los periodistas en el Air Force One de camino a California.
«Como el presidente ha dejado siempre claro, los funcionarios públicos, incluidos los jueces, deben poder hacer su trabajo sin preocuparse por su seguridad personal o la de sus familias y cualquier amenaza de violencia o intento de intimidar a los jueces no tiene cabida en nuestra sociedad», añadió la secretaria de prensa.
Nicholas Roske, de 26 años, de Simi Valley, California, fue arrestado en las primeras horas del miércoles cerca de la casa de Kavanaugh en Chevy Chase. Las autoridades dijeron que tenía una pistola, un cuchillo y varios otros artículos incluyendo una cinta adhesiva y que planeaba entrar en la casa de Kavanaugh y matar al juez.
Durante su audiencia inicial en la corte federal de Greenbelt, Roske dijo que «no diría que pienso con claridad» y añadió que había tomado la medicación que le había recetado un médico.
Según los documentos de acusación, Roske ideó el plan porque estaba molesto por la decisión de la Corte Suprema de un borrador recientemente filtrado al público. La decisión indica que la Corte estaría dispuesta a anular el caso Roe vs. Wade, devolviendo a los estados la autoridad para regular el aborto. Roske también expresó su preocupación de que Kavanaugh «se ponga del lado de las decisiones de la Segunda Enmienda que flexibilizan las leyes de control de armas».
No estaba claro si Kavanaugh, que tiene una esposa y dos hijas y fue nombrado por el expresidente Donald Trump, estaba en su casa cuando Roske fue arrestado.
Antes de abordar el Air Force One en Maryland, Biden no se refirió al arresto. Algunos legisladores pidieron al presidente que condenara personalmente las amenazas y acciones violentas contra los jueces.
Al mismo tiempo, el fiscal general Merrick Garland, nombrado por Biden, dijo a los periodistas en el Departamento de Justicia que «este tipo de comportamiento es obviamente una conducta que no toleraremos» y que los fiscales trabajarían para hacer responsable al hombre que fue detenido.
Las autoridades federales han omitido hasta ahora acusar de delitos a los manifestantes que se han reunido frente a los domicilios de Kavanaugh y otros jueces desde que se filtró el borrador del dictamen, a pesar de que los expertos legales dicen que violan el artículo 1507 del 18 U.S.C., que prohíbe hacer protestas o desfilar cerca de la residencia de un juez «con la intención de influir» en él.
Los manifestantes tratan de convencer a los cuatro jueces que supuestamente se adhirieron a la opinión del juez Samuel Alito contra Roe vs. Wade para que cambien de postura.
Garland ordenó seguridad las 24 horas del día para las casas de los nueve jueces. El fiscal general dijo que dos ayudantes de los alguaciles se fijaron en Roske cuando él llegó a la puerta de la morada de Kavanaugh antes de que el mismo bajara a la calle y llamara al 911.
Roske fue acusado de violar otra ley, la 18 U.S.C. § 115, que prohíbe intentar secuestrar o asesinar, o amenazar con agredir, secuestrar o asesinar a jueces federales.
La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas en mayo que la Casa Blanca alentaba las protestas pacíficas frente a los domicilios de los jueces, mismo tiempo, evitó las preguntas sobre las aparentes violaciones de la ley federal.
El miércoles, Jean-Pierre indicó que el Departamento de Seguridad Nacional está trabajando con socios del gobierno y del sector privado «para compartir información oportuna e inteligencia para prevenir todas las formas de violencia y para apoyar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para mantener nuestras comunidades seguras».
Según la secretaria de prensa, el presidente apoya la legislación que financiaría una mayor seguridad para la Corte Suprema y los jueces. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado en mayo, pero sigue estancado en la Cámara de Representantes por los esfuerzos para ampliar la protección a los secretarios judiciales.
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