Un juez federal dictaminó el martes que el presidente Donald Trump no tiene el poder para finalizar legalmente el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), insistiendo en que la protección para estos jóvenes inmigrantes ilegales deberá permanecer.
El juez de distrito de Estados Unidos John Bates llamó a la decisión del Presidente, (de terminar con DACA) «arbitraria y caprichosa, debido a que el departamento no explicó adecuadamente que la culminación del programa se fundamenta en que es ilegal», según una memorándum de opinión.
En esencia, la decisión de Bates hace que las órdenes ejecutivas de Trump carezcan de poder, ya que no puede deshacer la orden ejecutiva del expresidente Barack Obama, a pesar de que en parte se lo ha considerado inconstitucional. Obama estableció DACA a través de una orden ejecutiva en 2012.
Pero la decisión de Bates también abre la puerta para que la administración Trump finalice de manera efectiva el programa, si puede explicar adecuadamente por qué el programa DACA debe rescindirse.
Josh Blackman, un prominente profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de Houston y un investigador adjunto en el Instituto Cato, describió mejor la decisión.
«Esta es una gran victoria para el Departamento de Justicia, al proporcionar una modificada justificación, esto puede salvar el caso en la apelación», escribió en Twitter.
«Hace mucho pedí al Departamento de Seguridad Interna que emita un memorando revisado con una justificación más clara para la rescisión de DACA. No lo han hecho por razones políticas, o de otra manera. Ahora J. Bates les ha dado una oportunidad perfecta para hacerlo», continuó Blackman. «Y en realidad puede fallar otros litigios basados en el memorandum inicial».
Esta última decisión, es la tercera en los últimos meses para bloquear la reversión del programa. Otros dos jueces en California y Nueva York habían dictaminado anteriormente que era ilegal, incluso después de que un juez en Maryland dictaminara el mes pasado que la eliminación gradual del programa DACA, que impulsa Trump, es legal.
Pero ambas resoluciones han sido apeladas ante los tribunales.
«La orden de hoy (martes) no cambia la posición del Departamento de Justicia sobre los hechos: DACA se implementó unilateralmente después que el Congreso se negó a extender los beneficios a este mismo grupo de extranjeros ilegales», dijo Devin O’Malley, portavoz del departamento en una declaración.
«El Departamento de Justicia continuará defendiendo vigorosamente esta posición», agregó O’Malley.
O’Malley también calificó el mandato de DACA como una «elusión ilegal del Congreso» que era vulnerable a los mismos desafíos que pusieron fin a la Acción Diferida para los Padres de los estadounidenses, también conocida como DAPA.
DACA fue creado por primera vez por Janet Napolitano, quien era entonces la secretaria de Seguridad Nacional en 2012 bajo la administración de Obama. Estaba destinado a funcionar como una medida temporal diseñada para proteger a las personas, traídas a los Estados Unidos siendo niños por sus padres (inmigrantes ilegales) y otorgándoles permisos de trabajo.
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