El martes, la Corte Suprema aceptó una solicitud de la administración del presidente Joe Biden para desestimar un próximo caso que impugna una regla de carga pública, la cual requiere que los posibles inmigrantes puedan mantenerse económicamente.
El mes pasado, el tribunal acordó escuchar la apelación del gobierno federal a una decisión de un tribunal inferior contra la regla de inmigración de la era Trump, regla que restringe la entrada de inmigrantes sobre los que se sospecha que se pueden convertir en «cargas públicas» si reciben visas.
El Departamento de Justicia de Biden informó a la corte en un nuevo archivo (pdf), el martes, que todas las partes acordaron pedirle a la corte que desestime el caso, lo que indica que es probable que la Casa Blanca anule la regla. A principios de febrero, Biden había emitido una orden ejecutiva exigiendo una revisión de la regla de carga pública, que tiene como objetivo evaluar los efectos e implicaciones de tales políticas.
Una “carga pública” significa una persona que probablemente dependa principalmente del gobierno para su subsistencia, al recibir asistencia como cupones de alimentos o Medicaid.
El caso se deriva de una nueva regla adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2019 que ha ampliado la definición de «cargas públicas» en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La nueva regla requiere que el DHS considere los beneficios monetarios y ciertos beneficios que no son monetarios al determinar si un inmigrante es admisible en Estados Unidos.
Mientras tanto, la regla considerará a una persona como una carga pública si recibe, al menos, un beneficio del gobierno durante más de 12 meses en un período de tres años.
La regla fue impugnada por estados, ciudades y grupos de defensa de todo el país, y resultó en varios mandatos judiciales preliminares para bloquear su aplicación mientras los casos se desarrollaban en los tribunales. Algunas de esas medidas cautelares fueron levantadas por el tribunal de apelaciones, mientras que un par de medidas cautelares, emitidas por un juez de un tribunal de distrito de Nueva York, fueron levantadas por la Corte Suprema en espera de un fallo de un tribunal de apelaciones.
El tribunal de apelaciones, en el caso del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos contra Nueva York, confirmó la medida cautelar emitida por el tribunal de distrito, pero restringió su aplicación a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont. Este fallo llevó a la administración Trump a presentar una solicitud -o petición de auto de certiorari (pdf)- al máximo tribunal para pedirle que revise la decisión del tribunal de apelaciones.
Los demandados en este caso incluyen los estados de Nueva York, Connecticut, Vermont y la ciudad de Nueva York, así como grupos de defensa de inmigrantes como Make the Road New York y Catholic Legal Immigration Network Inc.
En el momento en que se introdujo la regla, Ken Cuccinelli, entonces director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, dijo que la regla era fundamental porque la administración quería «ver que la gente que llega a este país que sea autosuficiente».
“Ese es un principio fundamental del sueño americano. Está profundamente arraigado en nuestra historia y, en particular, en nuestra historia relacionada con la inmigración legal”, dijo.
Mientras tanto, los opositores a la regla dicen que esta desalienta a los inmigrantes y a sus familias a acceder a programas de salud, alimentos y vivienda que complementan sus salarios y «les ayudan a llegar a fin de mes». La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), dijo en un comunicado el 22 de enero de 2020 que la regla deja la puerta abierta a la discriminación y la incertidumbre.
La administración Biden ha tomado medidas similares en otros casos de inmigración. En febrero, la administración le pidió al tribunal superior que cancelara los argumentos orales en dos casos que impugnaban por separado el muro fronterizo del expresidente Donald Trump y las políticas de «permanecer en México». Las solicitudes se producen después de que la administración tomó medidas para deshacer ambas políticas, posiblemente haciendo que las impugnaciones sean irrelevantes.
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