La Corte Suprema de Colorado escuchará los argumentos de los abogados del expresidente Donald Trump y los peticionarios que trataron de eliminarlo de la boleta electoral primaria del estado, el miércoles.
Ambas partes están tratando de apelar una decisión del tribunal inferior que dictaminó que el expresidente Trump es elegible para aparecer en la boleta electoral, pero también encontró que el 6 de enero de 2021, constituyó una insurrección en la que el expresidente Trump participó.
El expresidente Trump argumenta que el tribunal inferior se extralimitó al pronunciarse sobre la interpretación y ejecución de la 14ª Enmienda en una demanda sobre el código electoral del estado.
Ese caso de la corte de distrito había procedido bajo un estatuto que requería que el caso se escuchara en el transcurso de una semana y que se emitiera un fallo 48 horas después de los argumentos de cierre; en lugar del ajuste de descubrimiento para un caso que determinaba si el presidente Trump era responsable de una «insurrección», los demandantes y el tribunal se basaron en gran medida en el controvertido informe del Comité Selecto del 6 de enero como prueba.
El presidente Trump refutó en una presentación judicial que «insurrección» y «rebelión» se usaron durante y antes de la era de la Guerra Civil para referirse a eventos de meses de duración de «tomar las armas traicioneramente contra el gobierno» e incluso se refirieron indistintamente como una «guerra interna.»
Uso de la 14ª Enmienda
En un escrito presentado el 4 de diciembre, los abogados del expresidente describieron el caso del tribunal inferior como «defectuoso» y refrito de argumentos jurídicos en torno al uso de la 14ª Enmienda. Como han señalado recientemente los tribunales de todo el país que conocen de casos relacionados con la 14ª Enmienda, hay poco en lo que basarse cuando se trata de la aplicación de la Sección 3, especialmente fuera del contexto de la Guerra Civil.
Ratificada después de la Guerra de Secesión para conceder la ciudadanía y la igualdad de derechos a los antiguos esclavos y a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, la Sección 3 de la enmienda pretendía impedir que los oficiales que abandonaran sus puestos para unirse a la Confederación volvieran a ocupar un cargo sin que dos tercios de los votos del Congreso despejaran esa «incapacidad».
Tras la ratificación de la enmienda, el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Salmon Chase, había detallado la aplicación de la Sección 3, y todas las cortes que se han pronunciado sobre los desafíos de la Enmienda 14 a la elegibilidad del presidente Trump se han basado en ella.
«Para lograr esta determinación y garantizar resultados efectivos, son indispensables procedimientos, pruebas, decisiones y ejecuciones de decisiones, más o menos formales; y estos solo pueden ser proporcionados por el Congreso», escribió el presidente de la Corte Suprema Chase.
Más de una vez, hizo hincapié en que el Congreso, o una ley federal aprobada por el Congreso, tendría que supervisar la aplicación de la Sección 3.
«La cláusula final de la tercera sección en sí misma es significativa. Otorga al Congreso el control absoluto de todo el funcionamiento de la enmienda», escribió, señalando el voto de dos tercios del Congreso que podría eliminar la incapacidad de un candidato que participó en la Guerra Civil.
El equipo del presidente Trump argumentó que los peticionarios no citaban ninguna jurisprudencia sobre la Sección 3 para refutar esto, basándose en cambio en otros casos que no tenían nada que ver con la Sección 3 para dibujar lo que, según ellos, era un falso equivalente.
Los peticionarios, representados por el grupo activista Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), se centraron primero también en la aplicación de la Sección 3, argumentando que el tribunal inferior se equivocó al dictaminar que no se aplicaba a los presidentes.
«En primer lugar, el presidente es a la vez jefe del ejecutivo y comandante en jefe, por lo que su cargo es a la vez ‘civil’ y ‘militar’. En segundo lugar, la presidencia es un cargo ‘de’ Estados Unidos y, por tanto, está ‘bajo’ Estados Unidos», escribieron. Señalan numerosas referencias a la Presidencia como cargo, incluso en la Constitución.
La decisión de la juez Sarah Wallace, de la Corte de Distrito de Colorado, de que la presidencia no estaba incluida en la Sección 3, se basó en el lenguaje de la sección, que enumera cargos específicos, empezando por los miembros del Congreso, y disminuyendo en nivel, terminando con un cajón de sastre: «funcionarios de los Estados Unidos». Explicó en su dictamen que parecía intencionado que se omitieran los cargos de presidente y vicepresidente.
A diferencia de los miembros del Congreso, que solo tienen que ser votados para el cargo por los ciudadanos de su propio estado, que en el contexto de la posguerra podría haber sido un antiguo estado confederado, un vicepresidente y un presidente habrían tenido que ser votados para sus cargos por los ciudadanos de toda la nación, ganando tanto los votos de los antiguos estados confederados como los de la Unión.
Ley estatal
El asesor legal del expresidente Trump también argumentó que los códigos electorales estatales, como el de Colorado, otorgan a los estados plenos poderes en la celebración de elecciones para cargos estatales, pero las primarias presidenciales no están cubiertas por esas leyes.
«La afirmación de los apelantes de que hay una historia de cortes estatales que aplican la sección Tres en relación con las elecciones federales es engañosa. Sus casos se referían a cargos estatales, y nadie discute que los estados son libres de crear los requisitos que deseen para los cargos en el gobierno estatal», dice el escrito.
Anteriormente, la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, declaró que su oficina no tenía poder para adjudicar la elegibilidad de los candidatos presidenciales. En su escrito más reciente, argumenta que, si bien su oficina no tiene este poder, las cortes del estado sí lo tienen, y pueden determinar si la Sección 3 de la Enmienda 14 se aplica al Presidente Trump.
Griswold era la demandada original en el caso, y el presidente Trump había intervenido como interviniente.
«Los intervinientes ofrecen dos interpretaciones miopes del Código Electoral que, de ser aceptadas, obstaculizarían la capacidad de los funcionarios electorales y las cortes para excluir de la boleta electoral a candidatos que están descalificados para ocupar cargos», escribió la oficina de la secretaria de Estado.
Otros tribunales estatales han dictaminado que las primarias presidenciales son una función de los partidos políticos, y no administradas por los estados, con el Tribunal Supremo de Minnesota trazando una línea entre las primarias y las elecciones generales y aclarando que un desafío de la Enmienda 14 podría ser presentado en relación con las elecciones generales de 2024.
En Colorado, Griswold argumentó que «Colorado no ha cedido su responsabilidad de garantizar una papeleta justa y precisa a los partidos políticos» y que su oficina no debería poner a un candidato inelegible en la papeleta, reiterando la solicitud de que la corte se pronuncie sobre la elegibilidad del presidente Trump.
Colorado celebrará sus primarias republicanas el 5 de marzo de 2024.
En un mensaje de campaña, el expresidente Trump dijo a sus partidarios que el caso en su contra fue presentado por «radicales de izquierda» y que el panel ante él estaba compuesto por siete jueces, todos «nombrados por demócratas.»
Aparentemente esperando una revocación de la decisión del tribunal inferior, y la inevitable apelación del nuevo fallo, el mensaje también señalaba que «este enfrentamiento puede muy bien acabar en la Corte Suprema de los Estados Unidos.»
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