Un legislador del estado de Illinois ha solicitado a la Corte Suprema de EE.UU. que anule la prohibición estatal de ciertas armas semiautomáticas.
El representante estatal Dan Caulkins, republicano, declaró a los medios de comunicación locales que presenta su petición a la Alta Corte porque considera que la decisión del Tribunal Supremo de Illinois de mantener la prohibición está viciada. Argumentó que las jueces Elizabeth Rochford y Mary Kay O’Brien deberían haberse recusado del caso a principios de este año, diciendo que ambas recibieron donaciones del PAC para la Prevención de la Violencia Armada, que ha pedido «prohibir las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad».
Tanto la juez Rochford como O’Brien recibieron «desproporcionadas contribuciones de campaña, y ambas se comprometieron a apoyar la política legislativa de prohibir las armas de asalto», dijo Caulkins a ABC20-TV, añadiendo que el gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, y otros demócratas también han hecho donaciones a esas jueces.
«Dada la cuantía de las contribuciones a la campaña y quién las hizo, no solo se cuestiona la justicia y la imparcialidad, sino también la independencia de las jueces, lo que pone en tela de juicio la validez de la decisión del tribunal estatal», afirmó.
Su presentación ante la máxima instancia judicial de EE.UU., dijo, se refiere a los «miles de demandantes que se unieron a mi demanda y a los que se les negó un procedimiento justo en la Corte Suprema del estado de Illinois», y añadió que la corte «no tiene una norma objetiva para las recusaciones».
«La Corte confía en los jueces individuales para determinar si hay un conflicto. El resultado final es un proceso injusto que conduce a resultados sesgados», añadió el legislador. «Pedimos al Supremo que revise este caso basándose en la falta de imparcialidad, así como en los méritos de nuestros argumentos contra la ley de prohibición de armas».
La petición argumenta, en parte, que la sentencia de la Corte Suprema de Illinois de agosto (4-3), que confirma la ley que prohíbe una serie de armas semiautomáticas y cargadores, violó el debido proceso en virtud de la 14ª Enmienda de la Constitución. También pide una revisión del caso basada en la 2ª Enmienda, la Cláusula de Igual Protección de la 14ª Enmienda y la Constitución estatal.
«No existe una base racional para criminalizar a una persona indistinguible en cualquier forma basada en la conducta de otra inmunizada de la responsabilidad penal o para especular que los prohibidos presentan un mayor riesgo de tiroteos masivos que los protegidos en función de la fecha en que se adquirió un arma de asalto», dice la petición del legislador a la Corte Suprema.
«Los abuelos que están inmunizados contra la responsabilidad penal por posesión no tienen mayor formación que los prohibidos por el mero hecho de que los abuelos ya posean un arma de asalto», decía su petición, añadiendo que si «se presume que los abuelos son seguros (legales) para poseer armas de asalto por la mera posesión, entonces los prohibidos satisfarían la misma presunción de seguridad si se les permitiera adquirir y poseer.»
El «momento de adquisición» de un arma de fuego tampoco «guarda relación alguna con la seguridad o el peligro», añadió. «La clasificación arbitraria resultante en lo que respecta a la Prohibición Parcial de Armas de Asalto no supera todos los niveles de la prueba de escrutinio y debe ser invalidada sobre esta base adicional».
La ley prohíbe la posesión, fabricación o venta de esas armas y cargadores, prohibiendo un gran número de rifles y pistolas diferentes.
Quienes poseyeran esas armas y accesorios cuando la ley entró en vigor estaban obligados a registrarlos en la Policía del estado de Illinois.
Un portavoz de la oficina Pritzker declaró a Newsweek que la ley, conocida como Ley de Protección de las Comunidades de Illinois, es una «ley de sentido común» y «ya ha sido confirmada ante cortes estatales y federales, pero no sorprende que el diputado Caulkins y el lobby de las armas sigan anteponiendo su ideología extremista a la seguridad de los habitantes de Illinois».
Aunque no está claro si la Corte Suprema de Estados Unidos tomará el caso, la alta corte ha mostrado recientemente interés en tomar casos relacionados con armas. En 2022, la alta corte emitió un fallo de 6-3 contra una ley del estado de Nueva York que establecía que una persona tiene derecho a llevar una pistola en público en virtud de la 2ª Enmienda de la Constitución.
Mientras tanto, la corte se pronunciará sobre si las personas que están bajo órdenes de protección por violencia doméstica deben perder el acceso a sus armas de fuego. También emitirá un fallo sobre si una exsuperintendente del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York violó los derechos de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) después de que su oficina emitiera memorandos de orientación a bancos y compañías de seguros animándoles a supervisar los riesgos asociados con los productos de seguros avalados por la NRA después de un tiroteo en Parkland, Florida, hace varios años
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