El 22 de noviembre, la Corte Suprema del estado de Georgia se negó a aprobar las normas para una comisión de nueva creación facultada para disciplinar y destituir a los fiscales díscolos.
Las normas se centran en el proyecto de ley 92 del Senado (pdf), que fue promulgado por el gobernador de Georgia, Brian Kemp, en mayo.
La legislación crea la » Comisión de Calificaciones de Fiscales» (PAQC), que tiene el poder de investigar, disciplinar, destituir y causar la «jubilación involuntaria» de los fiscales de distrito elegidos o procuradores generales en circunstancias específicas, como si constantemente no cumplen con sus deberes.
El proyecto de ley 92 del Senado también aclara las obligaciones de los fiscales e incluye una disposición que especifica que deben revisar todos los casos en los que exista causa probable para el procesamiento.
Al firmar el proyecto de ley en mayo, el gobernador Kemp, un republicano, dijo que la medida era necesaria para garantizar la seguridad pública en Georgia en medio de un aumento de los fiscales progresistas que los republicanos creen que están siendo blandos con el crimen.
«Mientras los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se juegan la vida para investigar, confrontar y detener a los delincuentes, no voy a quedarme de brazos cruzados ante la resistencia de los fiscales deshonestos o incompetentes que se niegan a hacer cumplir la ley», dijo Kemp en ese momento.
«La creación del PACQ ayudará a exigir responsabilidades a los fiscales que se dejan llevar por la política más que por el compromiso con sus responsabilidades, y hará que nuestras comunidades sean más seguras», añadió.
Posteriormente, el PACQ transmitió a la Corte Suprema del estado de Georgia un proyecto de normas de conducta y reglas para el gobierno de la Comisión, de conformidad con la ley.
Sin embargo, en su sentencia (pdf) del miércoles, los magistrados afirmaron tener «serias dudas de que la adopción de las normas y reglas esté dentro de nuestras facultades constitucionales».
‘Graves dudas’
Como los legisladores no habían ordenado expresamente a los jueces que actuaran, señalaron que se negaban a pronunciarse sobre el asunto, lo que significa que la comisión no podría empezar a funcionar.
«En consecuencia, debido a que tenemos serias dudas de que esté dentro de nuestro poder tomar medidas sobre el proyecto de normas y reglas, y el estatuto no impone ningún deber afirmativo que nos obligue a decidir de manera concluyente si tal deber es constitucionalmente permisible, nos negamos a tomar cualquier acción sobre el proyecto de normas de conducta y reglas sin decidir de manera concluyente si tal acción sería constitucionalmente permisible», escribieron los jueces.
«La cuestión, entonces, se convierte en última instancia en la naturaleza del poder que ejercen los fiscales de distrito. Si los fiscales de distrito ejercen el poder judicial, nuestra regulación del ejercicio de ese poder bien puede estar dentro de nuestro poder inherente como cabeza del Poder Judicial», continuaron. «Pero si los fiscales de distrito solo ejercen el poder ejecutivo, nuestra regulación del ejercicio de ese poder probablemente estaría fuera del alcance de nuestro poder judicial».
Los republicanos que apoyan la creación de la nueva comisión argumentan que garantizará que Georgia siga manteniendo un sistema de justicia penal honesto y ético y evitará que «fiscales de extrema izquierda» hagan que las comunidades sean menos seguras al no perseguir diversos delitos.
Según el proyecto de ley 92 del Senado, la comisión estaría formada por ocho miembros repartidos en dos paneles: un panel de investigación de cinco fiscales y un panel de audiencia de tres fiscales que supervisarán a los fiscales de distrito y a los fiscales generales.
Según la legislación, el gobernador, el vicegobernador, el presidente de la cámara y el Comité de Asignaciones del Senado tendrán autoridad para nombrar a los miembros de la comisión.
En virtud de la medida, la comisión tiene autoridad para destituir a los fiscales de distrito y procuradores generales si cumplen las condiciones para ser destituidos tras una investigación por presunta mala conducta.
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Esto incluye, entre otras cosas, «mala conducta deliberada en el cargo» el «incumplimiento deliberado y persistente de sus deberes», la «condena por un delito que implique vileza moral», y la conducta que es «perjudicial para la administración de justicia».
También incluye la «conducta que desacredite el cargo» y la incapacidad mental o física.
La ley de Georgia establece que un fiscal debe considerar todos los casos para los que exista causa probable y no puede excluir categorías de casos de la acusación, como la posesión de marihuana o los delitos relacionados con el aborto.
Sin embargo, los legisladores demócratas de Georgia han argumentado que el proyecto de ley crearía un sesgo a favor de la persecución penal y afectaría la voluntad de los votantes locales en las elecciones de fiscales de distrito.
Cuatro fiscales de distrito, entre ellos Sherry Boston, fiscal de distrito demócrata del condado de DeKalb, en las afueras de Atlanta, han instado a las cortes a anular la medida, argumentando que infringe inconstitucionalmente su poder.
En un comunicado emitido el miércoles tras la negativa de la Corte Suprema del estado de Georgia a aprobar las normas para la nueva comisión, Boston dijo que «arroja una luz brillante sobre los fallos fundamentales» de la ley.
«Nos complace que los jueces hayan tomado medidas para detener este ataque inconstitucional contra los fiscales del estado», dijo la fiscal del distrito.
Por otra parte, el representante estatal Houston Gaines, un republicano de Athens que patrocinó el proyecto de ley 92 del Senado, dijo que cree que los legisladores podrían eliminar el requisito de que la corte apruebe las normas tan pronto como en enero, permitiendo así que la comisión comience a funcionar.
«Esta comisión ha tardado años en crearse, y ahora tiene a sus designados y las normas y reglamentos listos para funcionar», dijo el representante Gaines. «Tan pronto como la legislatura pueda abordar esta cuestión final de la corte, los fiscales deshonestos tendrán que rendir cuentas».
Tom Ozimek contribuyó a este despacho. Con información de The Associated Press.
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