La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el 26 de junio un recurso sobre una larga disputa entre el expresidente Donald Trump y los congresistas demócratas por el ex Hotel Trump International de la capital del país.
La disputa se centraba en documentos relacionados con el arrendamiento de la propiedad gubernamental en el centro de Washington que albergaba el hotel. Los demócratas afirmaron que Trump recibió un trato con favoritismo y exigieron documentación al gobierno, que rechazó su petición.
Trump dejó la presidencia en enero de 2021, y la Organización Trump vendió el arrendamiento de la propiedad en mayo de 2022 a CGI Merchant Group por una suma no revelada. El hotel se conoce ahora como Waldorf Astoria Washington D.C. y forma parte de Hilton Worldwide.
La Corte Suprema acababa de decidir el 15 de mayo que conocería del caso, pero los legisladores demócratas informaron al tribunal el 7 de junio que habían desestimado voluntariamente la demanda en los tribunales inferiores.
El caso es Carnahan contra Maloney, expediente judicial 22-425.
Robin Carnahan es la administradora de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés), una agencia independiente del gobierno de EE. UU. que gestiona la propiedad federal y ofrece opciones de contratación a las agencias gubernamentales. La principal demandada, la exrepresentante Carolyn Maloney (D-N.Y.), presidió el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. hasta que dejó el cargo el 3 de enero.
El caso se remonta a 2017, cuando Trump acababa de convertirse en presidente y los republicanos controlaban ambas cámaras del Congreso. En aquel momento, varios demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes exigieron que la Administración Trump presentara los registros relativos al modo en que Trump adquirió los derechos para desarrollar el histórico edificio de la Antigua Oficina de Correos, a pocas manzanas de la Casa Blanca, como hotel de lujo. La Administración Trump se negó. Los críticos de Trump han alegado que el acuerdo olía a corrupción y han dicho que varias organizaciones, incluidos gobiernos extranjeros, reservaron el hotel para ganarse el favor de la administración.
La cuestión jurídica era si los miembros del Congreso están legitimados, en virtud del artículo III de la Constitución de EE.UU., para demandar a una agencia ejecutiva y obligarla a revelar la información que han solicitado en virtud del artículo 2954 del Código de EE.UU. (5 U.S.C.). Dicha ley establece que se debe actuar ante una solicitud de información si así lo exigen siete miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes o cinco miembros de su homóloga en el Senado. El Artículo III de la Constitución es el que creó el poder judicial federal.
Un juez federal de distrito desestimó la demanda de los demócratas en 2018, al considerar que carecían de legitimación para presentarla. El tribunal consideró que los legisladores no se habían visto perjudicados por la denegación de los documentos y que no existía «ningún precedente histórico de que los miembros del Congreso intentaran siquiera hacer cumplir las demandas … no satisfechas a través de los tribunales federales».
Pero un panel del Tribunal de Apelación de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia anuló esa sentencia por 2-1 en 2020, al considerar que los legisladores tenían derecho a demandar. El panel devolvió el caso al tribunal inferior para que lo reconsiderara, declarando: «La separación de poderes, debe recordarse, no es una calle de sentido único que discurra hacia el engrandecimiento del poder ejecutivo».
La nueva decisión de la Corte Suprema se produjo en una orden sin firma. La orden devuelve el caso al Circuito de Washington D.C. «con instrucciones de desestimar el caso». El tribunal no explicó el motivo de su decisión.
La jueza Ketanji Brown Jackson disintió de la sentencia.
En lugar de anular la decisión del Circuito de Washington D. C., dijo que «desestimaría el recurso de avocación por haberse concedido indebidamente».
La petición de certiorari, o revisión, se presentó el 4 de noviembre de 2022 ante la Corte Suprema. La orden escrita se dictó el 15 de mayo, cuando el tribunal aceptó aceptar el caso.
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