El 1 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos impidió que el Congreso obtuviera las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, designado por George W. Bush, suspendió una orden de la corte de apelaciones que dictaminaba que un panel del Congreso podía acceder a los documentos.
Trump presentó una solicitud de emergencia el lunes a la Corte Suprema, pidiéndole que detuviera la orden.
La suspensión de Roberts es temporal, a la espera de la evolución del caso.
El representante Richard Neal (D-Mass.), presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, ha estado tratando durante años de obtener las declaraciones de Trump, afirmando que son necesarias ya que el panel considera la posibilidad de actualizar la forma en que se realizan las auditorías a los presidentes.
Trump dijo que el verdadero propósito es hacer públicas las declaraciones.
Neal no está buscando los registros de ningún otro presidente y ha dicho que “desentrañar la sofisticada evasión de impuestos del presidente Trump” fue una de las razones por las que pensó que Trump debería publicar sus declaraciones.
La presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi (D-Calif.), dijo en 2017 que los resultados “serían útiles” para investigar “qué… tienen los rusos sobre Donald Trump” y que las investigaciones sobre Trump continuarían en 2019 porque ella “quiere verlo en prisión”.
Pero el juez de distrito de Estados Unidos Trevor McFadden, designado por Trump, dictaminó en 2021 que la ley federal «requiere una gran deferencia hacia las investigaciones aparentemente válidas del Congreso» y que el programa de auditoría presidencial podría estar sujeto a una legislación.
“Esa conclusión casi decide el análisis de la Corte”, dijo McFadden, incluso cuando las declaraciones de Neal y Pelosi “muestran plausiblemente motivos mixtos que subyacen a la” solicitud de las declaraciones.
En octubre, el Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia confirmó la sentencia. El juez del Circuito de EE.UU., David Sentelle, designado por Reagan y quien escribió para el panel de tres jueces, dijo que el tribunal no podía indagar en los motivos de los legisladores y que Neal “ha identificado un propósito legislativo legítimo que requiere información para lograrlo”.
“En esta etapa, no nos corresponde profundizar más que en esto”, agregó.
La jueza de circuito Karen LeCraft Henderson, nominada por George H.W. Bush, ofreció una opinión concurrente en la que divergía de sus colegas en un punto.
“Aunque estoy de acuerdo con mis colegas en que las cargas impuestas a la Presidencia por la Solicitud del Comité no alcanzan el nivel de una violación de la separación de poderes, concluyo que las cargas soportadas por la Rama Ejecutiva son más severas y justifican un examen mucho más minucioso del que mis colegas les han dado”, dijo, y agregó más tarde que el potencial del Congreso para amenazar a un presidente en ejercicio con una solicitud posterior a la presidencia “para influir en el presidente mientras está en el cargo no debe descartarse tan rápidamente”.
Roberts le ordenó a Neal y a otros encuestados, incluido el IRS, que respondieran a la solicitud de Trump el 10 de noviembre o antes del mediodía.
Un portavoz de Neal no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Roberts recibió la solicitud porque supervisa la corte de apelaciones del Distrito de Columbia.
Roberts puede decidir sobre la solicitud por sí mismo o remitir el asunto a la Corte Suprema en pleno.
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