La Corte Suprema decidió no escuchar una impugnación a las estrictas leyes de control de alquileres de la ciudad de Nueva York.
La decisión de denegar la petición en el caso Community Housing Improvement Program vs City of New York (expediente judicial 22-1095) se produjo el 2 de octubre en una orden sin firmar. Ningún juez discrepó. Para que se programen los alegatos orales, al menos cuatro de los nueve jueces deben votar para conceder la petición.
Pero el fallo del tribunal aquí no será la última palabra sobre el tema, dijeron los peticionarios, el Programa de Mejora de Vivienda Comunitaria (CHIP) y la Asociación de Estabilización de Alquileres de Nueva York (RSA), en una declaración conjunta el 4 de octubre.
«Seamos claros. Las acciones de la Corte Suprema no certifican que la Ley de Estabilización de Alquileres de Nueva York sea constitucional”, dijeron CHIP y RSA a The Epoch Times.
“Sabíamos que presentar impugnaciones objetivas a la ley era una batalla cuesta arriba, pero esa era también la forma más rápida y eficiente de brindar la ayuda más amplia a todos los propietarios que sufrían restricciones inconstitucionales bajo esta ley. Consideramos la decisión de la Corte Suprema de no tomar nuestro caso como una señal para presentar impugnaciones más específicas a disposiciones específicas de la ley que ilustran los impactos directos en los proveedores de viviendas”.
“Este no es el final del camino. Desafortunadamente, las políticas actuales están obligando a miles de edificios a declararse en quiebra, por lo que hay muchos ejemplos que ahora pueden llevarse ante los tribunales. Esta decisión simplemente fortalece nuestro compromiso de traer una mejor política de vivienda a Nueva York. Seguimos inquebrantables y decididos en la lucha por un sistema de vivienda más equilibrado y equitativo”.
Los propietarios de la Gran Manzana llevan mucho tiempo insatisfechos con la Ley de Estabilización de Alquileres (RSL) de Nueva York, que existe desde 1969.
La ley regula todos los apartamentos ubicados en edificios construidos antes de 1974 con seis o más unidades. A los propietarios de apartamentos con alquiler estabilizado no se les permite aumentar los alquileres por encima de un límite determinado cada año por una junta de supervisión de toda la ciudad. Por lo general, estos propietarios están obligados a extender el contrato de arrendamiento del inquilino, excepto en determinadas situaciones, como cuando un inquilino se atrasa en el pago del alquiler.
La RSL es “la regulación de viviendas de alquiler más estricta del país y rige un millón de apartamentos en la ciudad de Nueva York. Se apropia del derecho de los propietarios a excluir y otros derechos de propiedad al, al vencimiento del contrato de arrendamiento del inquilino, impedir que los propietarios ocupen su propiedad, cambien su uso o simplemente la dejen vacía”, afirma la petición presentada por CHIP y RSA.
La Legislatura del Estado de Nueva York ha modificado la ley a lo largo de los años, respondiendo a la presión de los inquilinos, que dicen que los alquileres son demasiado altos y que es cada vez más difícil encontrar viviendas asequibles, y de los propietarios, que dicen que los crecientes costos de mantenimiento han excedido su capacidad de aumentar sus alquileres. Una enmienda al estatuto en 2019 impuso condiciones a la capacidad de los propietarios de retirar del mercado unidades con alquiler estabilizado para uso personal y anuló excepciones a los límites de aumento de alquiler para inquilinos ricos o antiguos, según un resumen del blog SCOTUS.
CHIP, RSA y propietarios individuales demandaron por primera vez en 2019, cuestionando la constitucionalidad de lo que, según ellos, era un esquema regulatorio oneroso. Dicen que la RSL ha perjudicado tanto a propietarios como a inquilinos y ha estado frenando el mercado inmobiliario de la ciudad de Nueva York durante décadas.
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York desestimó la demanda. Las partes apelaron ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, que confirmó la desestimación en febrero de este año.
Los defensores de los derechos de propiedad dicen que las restricciones a los alquileres en Nueva York están perjudicando a los propietarios y al mercado de viviendas de alquiler.
Un informe de 2022 del Instituto Estadounidense de Investigación Económica dijo que ese año los reguladores solo permitieron un aumento insignificante del alquiler que, cuando se combina con la inflación, fue efectivamente una reducción en los pagos de alquiler recibidos por los propietarios.
“A pesar de que la inflación alcanzó un máximo del 8.6 por ciento en 40 años, decidieron un aumento del 3.25 por ciento. En términos reales, se trata de una reducción del alquiler del 5.35 por ciento (3.25 por ciento menos 8.6 por ciento), suponiendo que los costos de mantenimiento del edificio aumenten en línea con la inflación”, dice el informe. “Esta es una tragedia en múltiples niveles. Los propietarios de propiedades de alquiler en Nueva York deben enfrentar el desafío de operar un edificio, ya que costos como la mano de obra, los suministros y los impuestos (sí, los impuestos nunca tienen un límite máximo) aumentan a un ritmo mucho más rápido que los alquileres que el propietario puede cobrar legalmente”.
En California, el control de los alquileres podría ampliarse el próximo año.
Esto se debe a que en noviembre de 2024 los residentes del estado votarán sobre la derogación de la Ley de Viviendas de Alquiler Costa Hawkins, que impide que las ciudades y los condados impongan límites anuales de alquiler a los apartamentos y viviendas unifamiliares construidas después de 1995. California ya cuenta con una Ley de Protección de Inquilinos, que limita los aumentos anuales de los alquileres al 10 por ciento o al 5 por ciento más el Índice de Precios al Consumidor.
The Epoch Times buscó comentarios de los abogados que representan a la ciudad y al estado de Nueva York, y con los grupos de inquilinos de la ciudad de Nueva York involucrados en el caso.
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