La Corte Suprema podría considerar en breve si atiende la apelación de Alaska contra la decisión de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) de vetar el proyecto de la mina Pebble, de 400.000 millones de dólares, en el suroeste del estado.
El emplazamiento del proyecto, en terrenos propiedad del Estado en la zona de Bristol Bay, alberga supuestamente el segundo mayor yacimiento de cobre sin explotar del planeta. Se prevé que la demanda de cobre se duplique con creces de aquí a 2050. El cobre es esencial para las industrias que fabrican productos preferidos por los ecologistas, como vehículos eléctricos y turbinas eólicas. En el yacimiento también se han encontrado oro, plata, molibdeno y renio.
Pebble Limited, que quiere explotar el yacimiento, ha declarado que generará hasta 2000 puestos de trabajo. Las pesquerías locales, que según los grupos ecologistas se verán perjudicadas por el proyecto, generan 2000 millones de dólares anuales y mantienen 15.000 puestos de trabajo.
La corte podría retomar el caso el mes próximo.
La decisión de Alaska se produce después de que la Corte Suprema del país limitara los poderes de la EPA en los últimos años.
En mayo, la corte frenó el poder de la agencia para regular los humedales en el caso Sackett contra la EPA. En junio de 2022, el tribunal dictaminó en Virginia Occidental contra la EPA que la Ley Federal de Aire Limpio no otorga a la EPA una amplia autoridad para regular las emisiones de dióxido de carbono.
La EPA se saltó el protocolo normativo habitual y decidió, al amparo del artículo 404(c) de la Ley de Aguas Limpias, restringir el uso de las aguas de la cuenca de la bahía de Bristol como vertederos de material de dragado o relleno asociado al desarrollo del emplazamiento del proyecto Pebble o de cualquier otro proyecto similar en terrenos estatales cercanos. El veto de la EPA al proyecto incluía futuras minas en una zona de 309 millas cuadradas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. rechazó la solicitud de explotación minera en 2020, pero había acordado revisar su decisión.
A pesar del acceso al cobre favorecido por los ecologistas que prometía el proyecto, los ecologistas seguían afirmando que el proyecto perjudicaría a la pesca. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército emitió una Declaración Final de Impacto Ambiental en julio de 2020 en la que afirmaba que la mina no afectaría negativamente a la pesquería de Bristol Bay.
A principios de este año, el gobernador de Alaska, el republicano Mike Dunleavy, dijo que la EPA se equivocaba al intervenir en los asuntos del estado.
«El veto de la EPA sienta un peligroso precedente», declaró el gobernador en un comunicado.
«De forma alarmante, sienta las bases para detener cualquier proyecto de desarrollo, minero o no, en cualquier zona de Alaska con humedales y arroyos con peces. Mi administración defenderá los derechos de los alaskeños, de los propietarios de Alaska y el futuro de Alaska».
«El Estado de Alaska tiene la responsabilidad de desarrollar sus recursos para mantenerse a sí mismo y a su gente. Alaska explota los recursos mejor que ningún otro lugar del planeta, y nuestras oportunidades de mostrar al mundo una forma mejor de extraer nuestros recursos no deben ser injustamente preteridas por el gobierno federal.»
El gobierno de Biden replicó en un escrito que la cuenca de Bristol Bay «es una zona de un valor ecológico sin parangón, que presume de una diversidad y productividad del salmón sin parangón en toda Norteamérica».
«[La cuenca es] también la ubicación de un gran yacimiento de cobre conocido como el depósito de Pebble», escribió la Procuradora General Elizabeth Prelogar. «Tras determinar que los vertidos de material de dragado o de relleno en aguas de los Estados Unidos asociados a la explotación del yacimiento de Pebble tendrían ‘efecto[s] adverso[s] inaceptable[s]’ en las zonas pesqueras de la cuenca de la bahía de Bristol, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos… ejerció su autoridad en virtud del artículo 404(c) de la Ley de Aguas Limpias… para prohibir y restringir dichos vertidos.»
La Corte Suprema debería rechazar el caso, escribió.
«Alaska en esencia busca la revisión judicial de la acción de la agencia o la compensación en la alternativa, como cualquier litigante privado podría hacer», escribió Prelogar. «Esas reclamaciones no alcanzan el nivel de ‘seriedad y dignidad’ que este Tribunal ha exigido para el ejercicio de su jurisdicción original no exclusiva sobre una demanda contra el gobierno federal».
«Además, el Congreso ha proporcionado a Alaska otros foros federales en los que puede presentar sus reclamaciones. La petición de autorización para presentar un escrito de demanda debe ser denegada».
Aunque casi todos los casos que llegan a la Corte Suprema son apelaciones, ocasionalmente el tribunal conoce de un caso en virtud de su autoridad de jurisdicción original que nunca ha sido visto por una corte. En virtud de la Constitución de EE.UU. y de la legislación federal, la Corte Suprema conocerá de los litigios que afecten a embajadores, ministros públicos y cónsules, así como de los casos en los que un Estado de EE.UU. sea parte. La corte también puede ejercer su jurisdicción en litigios entre dos o más estados y en casos entre el gobierno federal y un estado.
La Corte Suprema no está obligada a aceptar un caso. En el caso que nos ocupa, Alaska contra Estados Unidos, Alaska presentó una petición de autorización para presentar un escrito de demanda. Si al menos cuatro de los nueve jueces votan a favor de la moción, el caso pasará a la fase de alegatos orales.
Además del gobierno federal, Alaska demanda a Michael Regan en su calidad oficial de administrador de la EPA.
El Epoch Times se puso en contacto con el abogado de Alaska, John Michael Connolly, del bufete Consovoy McCarthy de Arlington (Virginia), y con funcionarios del Departamento de Justicia, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
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