El 6 de octubre, la Corte Suprema suspendió una orden de una corte inferior que bloqueaba la norma del gobierno de Biden que regulaba las llamadas armas fantasma que pueden armar en casa, permitiendo que la norma siguiera en vigor hasta el 16 de octubre.
La nueva orden del juez Samuel Alito se produjo a última hora del día del 6 de octubre, en una solicitud de urgencia en un caso conocido como Garland contra Blackhawk Manufacturing Group Inc. (expediente judicial 23A302). El fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, presentó la solicitud en nombre del gobierno de Biden.
La orden de la corte inferior queda suspendida administrativamente hasta el 16 de octubre a las 5 de la tarde.
«Arma fantasma» es un término peyorativo utilizado por los defensores del control de armas para describir un arma de fuego casera que carece de número de serie y, por tanto, no puede ser rastreada por las fuerzas policiales. Aunque algunos estados regulan las armas caseras, los grupos de control de armas llevan años intentando prohibir o regular las armas caseras a nivel federal, pero no han conseguido convencer al Congreso de Estados Unidos para que actúe.
El presidente Joe Biden ha afirmado que las pistolas de fabricación privada, que a menudo se fabrican con kits de armas, son las «armas preferidas de muchos delincuentes».
La norma de la «armazón o receptor» del gobierno se remonta a abril de 2022. Obliga a los individuos que ensamblan armas de fuego caseras a añadirles números de serie. La norma también obliga a comprobar los antecedentes de los consumidores que compran kits de montaje de armas a distribuidores.
Las piezas de armas que se envían siguen siendo, no obstante, armas sujetas a las leyes vigentes, argumenta el gobierno.
«Acción ilegal de la Agencia»
El 5 de julio, el juez estadounidense Reed O’Connor, del Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Texas, dictó una medida cautelar tras considerar que el reglamento infringía la legislación vigente.
El juez O’Connor consideró que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), fue más allá de su jurisdicción legal al regular «componentes de armas de fuego parcialmente fabricados, productos de armas de fuego relacionados y otras herramientas y materiales».
La norma «es una acción ilegal de la agencia», declaró entonces el juez.
El 24 de julio, el 5º Circuito denegó la solicitud del gobierno de suspender la orden de la corte inferior que bloqueaba la norma «porque la ATF no ha demostrado una gran probabilidad de éxito en cuanto al fondo, ni un daño irreparable en ausencia de una suspensión».
La cuestión llegó a la Corte Suprema el 8 de agosto, cuando una división de 5-4 en el alto tribunal permitió que la norma del gobierno sobre armas fantasma siguiera en vigor mientras se tramitaba un recurso contra la orden judicial en el 5º Circuito.
Cuatro jueces conservadores —Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh— se apartaron de la decisión.
Dos conservadores —el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett— se unieron a los tres liberales de la Corte —las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— para votar a favor de que la norma siga en vigor por el momento.
La más alta corte del país dejó abierta la posibilidad de conceder una petición de certiorari, o revisión, del caso en algún momento futuro. Esto permitiría a la corte programar los alegatos orales del caso. Al menos cuatro de los nueve jueces tienen que votar a favor del certiorari para que se conceda.
A continuación, el 14 de septiembre, el juez O’Connor dictó una orden que limitaba su medida cautelar a 80 Percent Arms y Defense Distributed, dos empresas implicadas en el litigio, junto con sus clientes.
El DOJ argumentó ante el 5º Circuito que el juez de distrito estaba ignorando la orden de la Corte Suprema.
El 2 de octubre, el 5º Circuito emitió un fallo en el que indicaba que no estaba de acuerdo con el argumento del DOJ.
«Existe una distinción significativa entre la anulación (que es un recurso universal) y una orden judicial que sólo se aplica a dos demandantes nombrados (que es un recurso equitativo tradicional)», según los jueces del tribunal de circuito.
Al mismo tiempo, el tribunal de circuito consideró que la orden judicial «se extiende demasiado».
«Las medidas cautelares que ofrecen reparación a quienes no son parte son potencialmente problemáticas. Y parece que el mandato judicial de la corte de distrito es demasiado amplio en la medida en que ofrece reparación a clientes que no son parte».
No obstante, la corte consideró que «los fabricantes demandantes se verían irremediablemente perjudicados si se vieran obligados a cerrar sus empresas o a ser detenidos en espera de la revisión judicial de la Norma Final».
Aunque anuló la medida cautelar en la medida en que se aplicaba a los clientes de kits de armas, la corte dijo que lo hacía basándose en las garantías de la Administración Biden de que «no hará cumplir la norma final a los clientes que compren ‘armazones o receptores’ regulados y que, por lo demás, estén legalmente autorizados a comprar armas de fuego».
La corte de circuito también sugirió que el juez O’Connor podría volver a examinar el asunto y ampliar su mandato judicial en caso de que la administración incumpliera su promesa de no aplicar la norma contra los clientes.
«Por supuesto, si las circunstancias cambian, la corte de distrito es libre de adaptar estrictamente la medida cautelar a las nuevas circunstancias», declaró el 5º Circuito.
«Pero tal como están las cosas hoy, el gobierno tiene razón en que la medida cautelar no puede extenderse a los clientes que no son parte».
La corte de circuito añadió que los demandantes que interpusieron la acción contra la norma «probablemente tendrán éxito en cuanto al fondo porque la Norma Final es contraria a derecho».
La nueva orden de la Corte Suprema bloquea la orden judicial de la juez O’Connor del 14 de septiembre.
La orden establece que los fabricantes de piezas de armas que impugnan la norma tienen hasta las 17.00 horas del 11 de octubre para presentar escritos a la corte antes de que éste actúe el 16 de octubre o antes, día en que expira la nueva suspensión.
The Epoch Times ha solicitado comentarios al DOJ y a los abogados de las empresas de piezas de armas.
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