La problemática cárcel neoyorquina de Rikers Island se ha deslizado al borde del caos absoluto debido a la escasez de personal, las malas condiciones y las restricciones impuestas a los guardias. La ciudad se esfuerza por incorporar más funcionarios, reducir la población reclusa, acelerar las reparaciones y tomar medidas drásticas contra los funcionarios que no se presentan a trabajar.
El gran complejo carcelario situado en una pequeña isla en el East River ha sido criticado por su mal estado y sus malas condiciones durante décadas, pero la situación se ha deteriorado aún más en los últimos años. Han aumentado las peleas, los suicidios y los ataques a los guardias. En lo que va de año han muerto diez reclusos. Se ha informado de la existencia de drogas, teléfonos celulares e incluso de «fiestas salvajes», y el personal sobrecargado de trabajo a veces es incapaz de mantener el orden.
La ciudad planea cerrar la cárcel para 2026 y sustituirla por cuatro cárceles más pequeñas en sus distritos. Se suponía que la población reclusa iba a reducirse gradualmente, pero cuando llegó la pandemia de la COVID-19 y los tribunales cerraron, la población en cambio aumentó.
Antes de la pandemia, había unos 700 reclusos en Rikers que esperaban su juicio desde hacía más de un año. Ahora ese número se ha duplicado con creces. Muchos de ellos han faltado a sus citas con el tribunal porque el personal, desbordado, no puede encontrar a nadie que los lleve al tribunal. Muchos han faltado a sus citas médicas por la misma razón, según las autoridades carcelarias.
A pesar de que algunos funcionarios trabajan en triple turno, la cárcel a veces no tiene suficiente personal para atender todos los puestos. El 14 de septiembre, 70 unidades carecían de un oficial de planta, lo que significa que cada una estaba atendida por un solo oficial desde un puesto fijo, dijo uno de los funcionarios del Departamento Correccional de la ciudad (DOC) durante una audiencia del Consejo Municipal el 15 de septiembre.
Se han denunciado condiciones sanitarias espantosas. Algunos reclusos viven en la suciedad y algunos incluso comparten bolsas para usarlas como retrete, según el Defensor del Pueblo de la ciudad, Jumaane Williams, que estuvo entre los funcionarios que visitaron recientemente la cárcel.
«No creo que nadie allí, ya sea trabajador o preso, se sienta o esté seguro», dijo durante la audiencia.
La seguridad ha sido a veces casi imposible de mantener, según los testimonios de varios oyentes y algunos reportajes de varios medios de comunicación locales. Solo en la instalación para adultos jóvenes, más de 200 puertas de celdas están rotas, lo cual permite a los reclusos entrar y salir libremente. Se espera que las reparaciones duren hasta febrero, dijo el comisario del DOC Vincent Schiraldi durante la audiencia. Señaló que antes de que asumiera su cargo en junio, el departamento calculaba que tardaría dos años en arreglar las puertas.
Este año ha habido una media de menos de 6000 reclusos en Rikers. Eso es aproximadamente la mitad de lo que había hace 10 años. Con una plantilla de más de 8000 trabajadores, ¿por qué la cárcel no puede arreglárselas?
El problema principal es que aproximadamente un tercio del personal está de baja por enfermedad o tiene una exención médica que le impide trabajar directamente con los reclusos, dijo Schiraldi.
Algunos de esos funcionarios tienen problemas de salud legítimos y otros no, sugirió.
Los oficiales disfrutan de días ilimitados por enfermedad y muchos, al parecer, han estado aprovechando el beneficio para evitar el trabajo.
Parte de la razón es la serie de reformas que la ciudad ha puesto en marcha en los últimos años, indicó Schiraldi.
Desde 2015, la ciudad prohibió gradualmente el uso del aislamiento para los menores de 22 años o con enfermedades mentales graves, y lo redujo para todos los demás. Este tipo de confinamiento, denominado oficialmente «segregación punitiva», mantiene a un recluso que se comporta mal solo en una celda hasta 20 horas al día durante un máximo de 30 días.
Si se prolonga, el confinamiento en solitario se convierte en una forma de tortura psicológica y puede volver a una persona loca. Algunos activistas piden que se elimine por completo y el gobierno de la ciudad apoya la idea. Pero el sindicato de funcionarios de prisiones dice que el confinamiento es necesario para manejar a los reclusos violentos, y que las restricciones a su uso ya van demasiado lejos.
«No podemos mantenerlos más de 30 días, lo que nos lleva a preguntarnos a todos ‘después de 30 días, ¿qué hacemos con ellos? Especialmente si su comportamiento no cambia y no se modifica'», dijo el jefe del sindicato Elias Husamudeen en 2019.
La ciudad restringió aún más lo que pueden hacer los agentes cuando apaciguan a un recluso violento. Se prohíben las patadas, los golpes en la cabeza o en la cara del recluso, los golpes en el cuello, los riñones o la zona de la columna vertebral, y las sujeciones en el cuello.
Por otro lado, varios activistas han estado presionando a la ciudad para que aumente las sanciones disciplinarias contra los funcionarios de prisiones. La presión se ha visto alimentada por incidentes de gran repercusión, como la muerte de reclusos supuestamente debida a la negligencia del personal.
«La forma en que esto fue percibido por nuestros funcionarios de prisiones (…) es que estábamos castigando más al personal y encarcelando menos a la gente. Y eso no sentó bien a la gente», dijo Schiraldi.
«Así que hay mucha frustración en torno a eso y algo de moral baja».
La pandemia de COVID-19 agravó el problema, dijo. Por un lado, las restricciones impuestas por la ciudad en respuesta al virus recortaron las visitas, la socialización y la programación de los reclusos, aumentando la presión psicológica.
A medida que el virus del PCCh (Partido Comunista Chino) se extendía por la ciudad, más funcionarios empezaron a declararse enfermos y la situación comenzó a agravarse.
«Más gente llamó a la puerta para decir que estaba enferma, la dotación de personal se redujo, la gente tuvo que trabajar el triple, la violencia aumentó, los programas se recortaron, y cuanto más aumentaba la violencia y el miedo, más personal llamaba a la puerta para decir que estaba enfermo», dijo.
El alcalde Bill de Blasio anunció recientemente varias medidas para aliviar la situación. Los agentes de la policía de Nueva York dotarán parcialmente de personal a los juzgados para que algunos agentes penitenciarios desplegados allí puedan trasladarse a la cárcel. Además, los agentes que no se presenten a trabajar sin explicación serán suspendidos sin sueldo durante 30 días. El 14 de septiembre había unos 100 agentes de este tipo. La ciudad ha contratado a un hospital local para que compruebe si los problemas de salud comunicados por los agentes son legítimos. La administración también está «acelerando las reparaciones de emergencia» en las instalaciones, dijo Schiraldi.
Él hizo un llamamiento a la legislatura estatal para que apruebe una ley que reduzca al mínimo la detención por «violaciones técnicas», como el incumplimiento de las normas de la libertad condicional, que no constituye un delito por sí mismo. Hay unos 275 reclusos en la isla con ese tipo de violaciones y su liberación aliviaría la escasez de personal, dijo.
Mientras tanto, la ciudad está intentando contratar a 600 funcionarios penitenciarios más. Dado que la primera clase de la academia comienza en octubre, entre 75 y 125 nuevos agentes deben presentarse al servicio en enero, dijo Schiraldi.
La ciudad llegó a ponerse en contacto con los oficiales que han renunciado o se han retirado en los últimos años, y se encontraron con varias docenas que mostraron interés en regresar.
Aparte de más personal, menos reclusos y una mayor seguridad, la cárcel también necesita más programas para los reclusos, dijo Schiraldi.
«Cuantas más personas estén ocupadas de forma productiva, mejor funcionarán las instalaciones y mejor le irá a la gente cuando regrese a sus barrios y a sus familias».
Rafael Mangual, miembro principal del conservador Instituto Manhattan, sugirió ampliar el uso del aislamiento en un reciente artículo de opinión del New York Post. No hay indicios de que la ciudad vaya a considerar tal medida.
El DOC y la Asociación Benévola de Funcionarios Penitenciarios no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. La oficina del alcalde remitió a The Epoch Times a las declaraciones anteriores de de Blasio sobre la cuestión.
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