Yenifer Paredes, cuñada del presidente de Perú, Pedro Castillo, dejará la cárcel en la que cumplía 30 meses de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción tras una decisión tomada este lunes por la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada.
La corte declaró fundado, por mayoría, el recurso de apelación interpuesto por Paredes para revertir una resolución por la que un primer juez aceptó la petición de la Fiscalía de someterla a prisión preventiva y que la llevó a permanecer bajo arresto desde el 31 de agosto pasado.
Paredes está siendo investigada por integrar presuntamente una organización criminal que, según el Ministerio Público, lidera Castillo y que tiene el fin, presuntamente, de entregar licitaciones fraudulentas de obras públicas a cambio de dinero.
La sala determinó que Paredes seguirá afrontando el proceso bajo comparecencia con restricciones, aunque confirmó por unanimidad la resolución que impuso prisión preventiva contra José Nenil Medina, el alcalde de la norteña localidad de Anguía, quien también está siendo investigado por este caso.
Al respecto, el abogado de Castillo, Benji Espinoza, aseguró que el presidente ha tomado «con bastante satisfacción» la decisión del alto tribunal sobre su cuñada y dijo que es probable que abandone la prisión este martes, después de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cumpla con los trámites legales.
La Fiscalía sostiene que Paredes fue la «testaferro» de la presunta red corrupta en el Ejecutivo, al presuntamente coordinar la adjudicación de obras públicas en Cajamarca, la región oriunda de la familia presidencial, con el empresario Hugo Espino.
La cuñada del presidente ha admitido que trabajó para la empresa de Espino, que en septiembre de 2021 ganó una licitación con el Estado por más de 3.8 millones de soles (casi un millón de dólares), pero niega haber tenido injerencia en los contratos de la compañía.
La Fiscalía afirma que a Paredes se le podría imponer una pena de 23 años de cárcel, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.
Añade que en esta presunta red corrupta está implicada además la primera dama, a quien señala como la «coordinadora» de la organización, además de varios exministros del gobierno de Castillo, quien también afronta una denuncia constitucional en el Congreso.
El mandatario niega las acusaciones de corrupción y acusa a un sector de la oposición política, del Poder Judicial y de la prensa de ejercer un «complot» en su contra para sacarlo del poder mediante una «nueva modalidad de golpe de Estado».
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