La excandidata del partido del presidente electo de Guatemala recibe libertad condicional

Por Noticia de agencia
25 de noviembre de 2023 2:58 PM Actualizado: 25 de noviembre de 2023 2:58 PM

Un juzgado de Guatemala benefició este sábado con libertad condicional a la excandidata a diputada Marcela Blanco, del partido del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, y a cinco personas más vinculadas a un supuesto caso de depredación de bienes en la universidad estatal.

El juez penal Víctor Cruz determinó esta madrugada que no existe «peligro de fuga» y Blanco obtendrá prisión domiciliaria, tras pasar ocho días en una cárcel ubicada en el norte de la Ciudad de Guatemala.

La decisión del juzgador tuvo lugar en una audiencia de primera declaración que se extendió por más de 12 horas y donde se decidió abrir un proceso penal por usurpación y depredación de bienes en contra Blanco y otras cinco personas.

Blanco, excandidata del partido Movimiento Semilla, junto a un grupo de estudiantes y docentes universitarios fueron señalados, el pasado 16 de noviembre, por el Ministerio Público (Fiscalía) de supuestamente «liderar» una toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos, en 2022, por parte de estudiantes que rechazaban anomalías en la elección de autoridades internas.

Además, la Fiscalía había tratado de imputarles otros dos delitos, sedición y asociación ilícita. Sin embargo, el juez cruz decidió que no es válido que sean procesados por estas causas ya que la argumentación del ente investigador no sustenta los parámetros necesarios.

Por este mismo caso, la Fiscalía, que dirige la fiscal general Consuelo Porras Argueta, presentó la semana pasada una solicitud de antejuicio para intentar despojar de su inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

Arévalo de León ha denunciado públicamente, desde el 1 de septiembre, que Porras Argueta ha utilizado a la Fiscalía para efectuar un «golpe de Estado» con el fin de evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.

Las acciones de la Fiscalía han sido criticadas por diversos actores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos, por considerar que se trata de intentos por «desconocer la voluntad popular expresada en las urnas».


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