La administración Trump está pidiendo a la Corte Suprema que restablezca una norma que requiere que se tome un medicamento para inducir al aborto en presencia de un médico, luego de que un juez emitiera una orden judicial nacional en julio poniendo en pausa el requisito de seguridad durante la pandemia actual.
El medicamento RU486, también conocido como Mifeprex, se usa para interrumpir un embarazo durante las primeras 10 semanas y puede causar un sangrado excesivo, según el gobierno. Alrededor del 85 por ciento de los pacientes «informan al menos una reacción adversa» luego del uso del medicamento, siendo las más comunes «náuseas, debilidad, fiebre/escalofríos, vómitos, dolor de cabeza, diarrea y mareos», según los estudios.
La solicitud de emergencia en el litigio en marcha, citada como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) v. el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, se presentó el 26 de agosto ante la Corte Suprema. Los otros demandados mencionados en el documento son el Council of University Chairs of Obstetrics and Gynecology («Consejo de Cátedras Universitarias de Obstetricia y Ginecología»); la New York State Academy of Family Physicians; el SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective, con sede en Atlanta; y Honor MacNaughton, un médico de Malden, Massachusetts.
La solicitud, que se remitió al presidente del Tribunal Supremo John Roberts, seguía pendiente al cierre de esta edición.
Desde que la FDA aprobó la RU486 en 2000, la agencia ha exigido que sea «administrada únicamente por un proveedor de atención médica certificado o bajo la supervisión de este en un hospital, clínica o consultorio médico, y solo después de que el paciente firme un formulario reconociendo que ha recibido asesoramiento sobre los riesgos del medicamento”, declaró el fiscal general en funciones Jeffrey Wall en un escrito presentado ante el tribunal.
«La FDA ha hecho, y se ha adherido continuamente, al juicio de que estos requisitos mitigan los riesgos de salud graves asociados con el medicamento, que pueden aumentar si el paciente demora en tomar el medicamento o no recibe el asesoramiento adecuado sobre posibles complicaciones».
Los grupos a favor del aborto dicen que los requisitos están desactualizados y no son médicamente necesarios.
En mayo, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos demandó al gobierno en un esfuerzo por revocar la norma.
El 13 de julio, el juez de distrito estadounidense Theodore D. Chuang de Maryland, quien fue designado en 2014 por el entonces presidente Barack Obama, emitió una orden que impedía la aplicación de la norma durante la pandemia, citando un precedente legal y un fallo que en medio de la actual crisis de salud pública, la norma presentaba un «obstáculo sustancial» para el acceso de las mujeres al aborto.
“Particularmente a la luz del tiempo limitado durante el cual debe ocurrir un aborto con medicamentos o cualquier aborto, tal violación del derecho al aborto constituiría un daño irreparable”, escribió el juez.
«Al hacer que ciertas pacientes decidan entre renunciar o retrasar sustancialmente la atención del aborto, o arriesgarse a exponerse a la COVID-19, exponer a sus hijos y a sus miembros de la familia, los requisitos en persona presentan una grave carga para muchas pacientes que buscan abortar», escribió Chuang en su opinion.
Chuang se ha enfrentado a la administración Trump antes. A principios de 2017, emitió una orden judicial que bloquea parcialmente la Orden Ejecutiva 13780, la segunda iteración de la prohibición temporal de viaje del presidente que pretendía negar temporalmente la entrada a los Estados Unidos a personas de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito se negó a suspender el fallo de Chuang sobre la RU486 mientras la administración Trump apela.
En la nueva denuncia, la administración pidió a los jueces que resucitaran la norma de la FDA durante la tramitación de la apelación.
«Este Tribunal ha dejado en claro que los jueces no deben adivinar cómo los funcionarios abordan las preocupaciones de salud pública en áreas de incertidumbre, sin embargo, el tribunal de distrito desestimó el juicio experto de la FDA a favor de su propia opinión de que los requisitos de seguridad son médicamente innecesarios», argumentó Wall.
“Y dejando de lado los méritos, el alcance de la orden judicial se extiende mucho más allá de la facultad para otorgar una reparación del tribunal de distrito bajo el Artículo III y los principios básicos de equidad”, escribió Wall en una aparente referencia a las órdenes judiciales de alcance nacional contra las políticas gubernamentales.
El Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, ha apuntado a la creciente tendencia de los jueces federales no electos a vetar las acciones presidenciales al emitir mandatos nacionales contra políticas que no les favorecen.
Estas medidas cautelares nacionales o “no partidarias” van más allá de la controversia que se está litigando y, según los críticos, permiten a los jueces imponer su voluntad en disputas parroquiales o regionales en todo el país.
Los funcionarios del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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