La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, aseguró este martes que es víctima de «una calumniosa imputación» en la investigación abierta por presuntamente liderar una red criminal dedicada al tráfico de influencias en el Ministerio Público.
Benavides acudió este martes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano para ser interrogada por las pesquisas abiertas la semana pasada por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP).
Por ese motivo, sostuvo que es víctima de una «calumniosa imputación de ser líder de una organización criminal» y que a lo largo de su carrera ha aceptado «las críticas», pero rechaza «siempre las mentiras».
«No existe una organización criminal, ni lidero una organización criminal; por el contrario, he luchado contra el uso político de la función fiscal», remarcó.
La fiscal general dijo que la investigación se difundió «cuando trascendió que presentaría una denuncia constitucional que involucraría al actual presidente del Consejo de Ministros», Alberto Otárola, por las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones que se realizaron entre diciembre y marzo pasado.
«No solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia», aseguró antes de calificar de «show mediático» a las investigaciones, que consideró que son «la más clara expresión de la politización de la función fiscal y policial».
Benavides se definió «como una fiscal que defendió el estado de derecho y junto a millones de peruanos luchó para salvar nuestra democracia», tras lo cual agregó que es víctima de «un montaje».
Al referirse a unas conversaciones por chat, que llevaron a la detención de su principal asesor, Jaime Villanueva, por presuntas coordinaciones ilícitas con legisladores, sostuvo que estos han sido «manifiestamente manipulados» y «no registran ningún acto delictivo».
«Lo que se ha iniciado es una campaña mediática en mi contra», reiteró antes de calificar de «fiscal incompetente» a la fiscal Marita Barreto, la jefa del Eficcop cuando se abrió la investigación y a la que destituyó tras conocerse ese proceso.
La presunta red corrupta es acusada de influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (máximo órgano de gobierno de la judicatura), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.
Apenas conocida la investigación, Benavides aseguró que se trataba de «un acto torpe» para intentar bloquear las pesquisas que sigue contra los máximos representantes del gobierno y presentó una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades.
Tras ese anuncio, Boluarte indicó que esta decisión de la fiscal era una «deleznable maniobra política» con la que pretende «distraer la atención» de la ciudadanía de las investigaciones en su contra.
Este martes, el diario El Comercio reveló que el asesor Villanueva, quien está detenido, «reconoció las capturas de los chats que tuvo con los congresistas con los que, indicó, coordinó por orden de la fiscal de Nación, Patricia Benavides» para lograr la inhabilitación de Ávalos, la elección de Gutiérrez y la remoción de los miembros de la JNJ.
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