La fiscal de la Nación (general) de Perú, Patricia Benavides, anunció este lunes que denunció en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, al replicar a una investigación abierta en su contra por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público.
«Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola», dijo en una declaración en la que aseguró que la investigación abierta en su contra «tienen como propósito» amedrentarla para que no continúe su «lucha contra la impunidad».
También contra los tres exministros de Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero. A los cinco los denuncia por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.
Este lunes se llevó a cabo la operación «Valquiria V», a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), que acusa a Benavides de ser la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias.
Como parte de este operativo, detuvo al que era hasta ayer el gerente central del Despacho de la Fiscalía, Jaime Villanueva.
Benavides afirmó en su mensaje que esta investigación es «un ataque premeditado» de quienes se oponen a su labor.
«Esta madrugada, el Ministerio Público ha sido objeto de un ataque premeditado de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder», dijo Benavides.
La fiscal indicó que la institución que dirige tiene a cargo casos de máxima relevancia con personas que van a intentar utilizar su poder para «obstruir la justicia».
«Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales», señaló en el pronunciamiento.
También anunció que continuará investigando a altos funcionarios responsables de las «trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023» en las protestas, así como otros «casos emblemáticos».
«Hoy es un día difícil, pero fundamental es la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los poderosos que no quieren que en nuestro país se haga justicia», dijo al añadir que no teme a las represalias que puedan seguirse tomando contra su persona.
El pasado 24 de octubre, la Fiscalía extendió por ocho meses adicionales la investigación por las muertes en las protestas.
Por ese caso, Boluarte acudió a declarar a la Fiscalía el pasado 27 de septiembre, cuando ratificó las explicaciones que ya dio en junio pasado sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas de diciembre a marzo pasado en su país y pidió que se cierre la investigación que se sigue en su contra.
La mandataria fue citada como parte de la investigación preliminar abierta contra ella y otras altas autoridades de su gobierno por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
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