La Fiscalía francesa pidió este martes una pena de dos años de cárcel firme y otros dos exentos de cumplimiento para el expresidente francés Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias.
El fiscal Jean-Luc Blachon consideró probados ambos delitos, sacados a la luz por las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía entre Sarkozy y su letrado Thierry Herzog, para quien pidió una pena similar, acompañada de cinco años de prohibición de ejercer la abogacía.
También solicitó dos años firmes y dos exentos de cumplimiento para el exmagistrado del Supremo Gilbert Azibert, acusado de haberse dejado corromper a cambio de un ascenso en su carrera.
Blachon se mostró implacable en su alegato final, en el que concluyó que los tres acusados hicieron «un pacto de corrupción» en febrero de 2014, mediante el cual Azibert ayudaba al conservador Sarkozy a obtener información en la investigación del «caso Bettencourt» a cambio de un impulso para que él obtuviera un puesto en el Consejo de Estado de Mónaco.
En medio de ambos, Herzog, amigo de los dos, fue descrito por el fiscal como «el geniecillo» que lo hizo posible.
«Mancillado» la presidencia
Pero las palabras más duras fueron para Sarkozy, a quien el fiscal acusó de haber «mancillado el puesto de presidente», que ocupó entre 2007 y 2012, con unos hechos en los que consideró que el poder le permitía todo.
«Puesto que estos hechos fueron cometidos por hombres cuyo compromiso profesional y político era de un alto nivel, han dañado considerablemente el tejido institucional que constituye el Estado de derecho», aseguró.
Blachon consideró «inadmisible que un antiguo presidente de la República se olvide de la República» y recordó que Sarkozy tenía un deber superior con las leyes, de las que fue el principal guardián durante sus cinco años en el Elíseo.
El fiscal consideró probado que existieron tanto la corrupción, puesto que Sarkozy obtuvo informaciones confidenciales del Supremo a través de Azibert, como el tráfico de influencias, ya que, pese a que el magistrado no logró el puesto en Mónaco, sí existieron las maniobras para que lo alcanzara.
En una de las conversaciones intervenidas, Sarkozy se comprometía con su abogado a hablar con el príncipe de Mónaco para interceder en favor de Azibert.
«Le haré ascender», decía el expresidente, lo que constituye un «elemento intencional» suficiente para establecer el delito.
«Hay un conjunto de presunciones graves, precisas y concordantes», dijo el fiscal.
Mañana, miércoles, será la hora de la defensa de presentar sus argumentos, tras varias sesiones destinadas a desacreditar los argumentos de la acusación.
Sarkozy insiste en su inocencia
El punto álgido tuvo lugar este lunes con el testimonio de Sarkozy, que rechazó haber cometido delito alguno y atacó con dureza a la Fiscalía Nacional Financiera, a la que acusó de trabajar para desacreditarla.
«Tenía la impresión de que esa fiscalía estaba hecha solo para mí, cada semana sacaban un caso nuevo. Pasé de ser un presidente sin tener ningún antecedente a que cada día me acusaran de una cosa nueva», aseguró.
Tal fue la dureza de su alegato que el máximo responsable de esa Fiscalía, Jean-François Bohnert, acudió al tribunal para defender el trabajo de su departamento y asegurar que nunca actúan por venganza.
«Como toda persona en nuestro país, un antiguo jefe de Estado tiene derechos que hay que respetar pero también tiene una obligación de ejemplaridad», señaló.
Al término del alegato de la Fiscalía, Sarkozy permaneció varios minutos reunido con sus abogados en la sala y, posteriormente, la letrada Jacqueline Lafront aseguró a los medios que rebatirán las acusaciones y que el expresidente tiene «confianza» en una resolución del caso favorable a sus intereses.
Sarkozy tiene otras causas con la justicia, como la que en marzo próximo le llevará de nuevo al banquillo de los acusados por las irregularidades en la financiación de su campaña de 2012.
Además, siguen en proceso de instrucción la de financiación de su campaña presidencial de 2007 con dinero libio y su nombre aparece también en las investigaciones sobre una indemnización pagada al exministro y empresario Bernart Tapie sobre el encargo de encuestas sin concurso público en su etapa en el Elíseo o en las ventas de helicópteros a Kazajistán y de armamento a Pakistán.
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