El gobierno federal australiano sacará el máximo partido a su poder constitucional con nuevas leyes que probablemente pondrán fin a los controvertidos acuerdos que los gobiernos estatales y locales, así como las universidades, han establecido con Beijing.
Algunos de los acuerdos que probablemente se examinarán con lupa son la controvertida Iniciativa de la Franja y la Ruta en el estado de Victoria, los Institutos Confucio en las universidades australianas, las asociaciones académicas con instituciones chinas, los acuerdos de hermanamiento con ciudades chinas, e incluso el contrato de arrendamiento del Puerto de Darwin.
El primer ministro Scott Morrison dijo que los australianos tenían razón al esperar que fuera el gobierno federal el que estableciera la política exterior.
«Es vital que, cuando se trata de los acuerdos de Australia con el resto del mundo, hablemos con una sola voz y trabajemos siguiendo un mismo plan», dijo en una conferencia de prensa el 27 de agosto.
«Si son inconsistentes con el interés nacional, se irán», dijo Morrison.
Según el proyecto de ley de Relaciones Exteriores, la ministra de Relaciones Exteriores Marise Payne deberá ser notificada por los gobiernos de los estados o territorios cuando exista intención de negociar con una entidad de un gobierno extranjero.
Ella tendrá la facultad de examinar, aprobar o vetar los acuerdos futuros y existentes entre los gobiernos extranjeros y las entidades públicas australianas si son incompatibles con la política exterior o perjudican las relaciones con otros países.
Las aprobaciones también pueden ser revocadas posteriormente.
La ministra de Relaciones Exteriores Marise Payne dijo que los cambios garantizarán que todos los acuerdos internacionales sean coherentes con los valores de Australia.
«Lo que Australia está haciendo es asegurarse de que los acuerdos que firmen los gobiernos de los estados y territorios sean de interés nacional para Australia», dijo Payne al Channel Nine.
«Lo más importante es que hagamos la debida revisión de esos acuerdos y nos aseguremos de que sean coherentes con nuestro enfoque de política exterior», dijo.
La ley se basa en los poderes constitucionales que otorgan al gobierno federal la autoridad de legislar sobre asuntos relacionados con «asuntos exteriores«.
Los gobiernos estatales y territoriales, así como los consejos locales y las universidades públicas, quedarán dentro del marco de aplicación de la ley.
Los consejos locales o las universidades no necesitan aprobación para iniciar las negociaciones, pero tendrán que enviar una notificación a la ministra antes de llegar a un acuerdo con entidades gubernamentales extranjeras.
La ministra de Relaciones Exteriores también tendrá la facultad de rescindir los contratos privados derivados de acuerdos con entidades extranjeras, como el convenio de la Iniciativa de la Franja y la Ruta firmado por el gobierno del estado de Victoria.
El primer ministro Daniel Andrews ha firmado dos memorandos de entendimiento con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de Beijing. No obstante, dichos acuerdos se han visto envueltos en la polémica, en particular este año, ya que Canberra se ha estado resistiendo constantemente a las presiones de Beijing.
Dentro de los seis meses de la entrada en vigor del nuevo reglamento, los estados y otros organismos afectados tendrán que completar un inventario de los acuerdos existentes para que la Commonwealth los revise.
Hay más de 135 acuerdos con 30 países diferentes que deben ser examinados.
Por otro lado, se establecerá un registro público para detallar la información sobre los acuerdos y decisiones ministeriales.
El gobierno está dispuesto a aprobar el proyecto de ley antes de fin de año y presentará la legislación al parlamento federal la próxima semana.
En las últimas semanas, los organismos de seguridad informaron a los gobiernos de los estados y los territorios sobre las implicaciones de los acuerdos que se verían afectadas por la ley.
El líder de la oposición federal Anthony Albanese apoya la legislación en principio pero quiere ver los detalles.
«El gobierno nacional debería estar a cargo de nuestra política exterior», dijo a Triple M Hobart el 27 de agosto.
«Y una de las cosas que debe buscar hacer en todo momento es proteger el interés nacional de Australia», dijo.
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