La decisión del Presidente Donald Trump el 17 de abril de 2019 de permitir juicios en los tribunales del país contra compañías extranjeras que «trafican» con propiedades de estadounidenses que fueron forzosamente confiscadas por el régimen comunista de Cuba, revive momentos claves de la revolución liderada por Fidel Castro.
Han pasado casi 60 años de un evento histórico que vale la pena recordar, con consecuencias trágicas para toda América.
Cuando el gobierno de Estados Unidos al mando del presidente Dwight D. Eisenhower en julio de 1960 aprobó la rebaja de la cuota azucarera que correspondía a Cuba dentro del mercado del país, Fidel Castro aprovechó -según el reporte histórico del medio estatal Granma titulado ‘Cuba dispuso la Nacionalización’- con un decreto revolucionario, realizar la nacionalización a los bienes o empresas de propiedad de personas naturales o jurídicas de Estados Unidos, entre ellas las azucareras, “aunque las mismas estén constituidas con arreglo a las leyes cubanas”.
Previamente el 28 de junio de 1960, de acuerdo con la Resolución 166 del régimen revolucionario, según informes de Ecured, Castro intervino empresas extranjeras claves, la planta de Texaco, en Santiago de Cuba. “Tres días después, corrieron igual suerte en La Habana, las instalaciones de la ESSO y la angloholandesa Shell”.
Mediante una clara política de orientación comunista importada del Soviet, el decreto del régimen de Fidel el 6 de julio señaló más tarde que, “mediante la expropiación forzosa”, “se adjudican a favor del Estado cubano, en pleno dominio, todos los bienes y empresas ubicados en el territorio nacional, y los derechos y acciones de emergentes de la explotación de esos bienes y empresas, que son propiedad de las personas jurídicas nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica, u operadoras empresas en que tienen intereses predominantes nacionales de dicho país, que a continuación se relacionan”, nombrando entonces estas empresas.
Lo que sucedió en Cuba no fue una simple expropiación, sino que formó parte de un reemplazo masivo y se puede decir sangriento, de todos los empresarios, propietarios, intelectuales, funcionarios, representantes del país y todas las esferas de gobierno y de la organización estatal, en beneficio y control de la guerrilla comunista.
Cuando Fidel Castro se tomó el poder y la Revolución expulsó de Cuba al dictador Fulgencio Batista en 1959, gran parte de los cubanos, incluyendo Juanita Castro, la hermana de Fidel, comenzaron a desilusionarse con respecto a la forma en que su hermano mayor estaba llevando Cuba al comunismo. Las mismas preocupaciones asaltaron al Gobierno de Estados Unidos en los siguientes meses.
Estados Unidos inicialmente reconoció el nuevo régimen, supuestamente de transición a la democracia, pero muchos miembros del gobierno de entonces de Eisenhower manifestaron que se dieron cuenta de la orientación política comunista del carismático líder cubano, reporta History.
“Fidel engañó al pueblo cubano”, declaró Juanita a la periodista mexicana María Antonieta Collins, en el libro que lleva el título: «Fidel y Raúl, mis hermanos. La historia secreta». Ella explicó incluso en otras entrevistas que para la toma de poder de los Castro, el pueblo cubano lo apoyó con una multitudinaria huelga y protesta contra la dictadura de Batista, con las esperanzas de libertad y democracia, y han pasado casi 60 años y aún no llega ni la libertad ni la democracia.
Antes de la expropiación masiva de las propiedades, en 1959 Fidel y el Che Guevara instauraron la revolución con la oleada de fusilamientos y allanamientos. La misma Juanita Castro dijo que ayudó a muchos cubanos a sobrevivir a este genocidio antes de salir del país en 1964, para nunca volver.
En ese escenario, Castro “impulsó una reforma agraria que golpeó duramente a los inversionistas estadounidenses, expulsó a las misiones militares estadounidenses y, a principios de 1960, anunció que Cuba cambiaría su azúcar a Rusia a cambio del petróleo”, según History y textos estatales cubanos.
Castro era un gran estudioso de Lenin y Marx. De ahí su acercamiento a Rusia y a la aplicación de las ideas marxistas y leninistas.
Lenin escribió el 17 de enero de 1923: “Para crear el socialismo, dices, se necesita civilización. Está bien. ¿Por qué, entonces, no podríamos, ante todo, haber creado las premisas de la civilización que son la expulsión de los grandes terratenientes y la expulsión de los capitalistas rusos y luego comenzar la marcha hacia el socialismo? ¿En qué libros has leído qué cambios de forma similares en el desarrollo histórico ordinario son inadmisibles o imposibles?”. Es lo que se vivió en Cuba.
Ante esta entrada del régimen comunista y el genocidio que se estaba perpetrando en el país contra gente inocente y contra los disidentes, “en marzo de 1960, Eisenhower dio el visto bueno a la CIA para armar y entrenar a un grupo de refugiados cubanos para derrocar al régimen de Castro”, recuerda History. Cuba y Rusia estaban preparados.
Fue en esta atmósfera que el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower y el presidente ruso Nikita Khrushchev “enfrentaron un combate verbal en julio de 1960”, y Cuba entanto concretó la expropiación de las empresas de los propietarios estadounidenses, añade el informe.
Jrushchov hizo declaraciones memorables en Moscú que la Unión Soviética estaba preparada para usar sus misiles para proteger a Cuba y «que ahora Estados Unidos ya no estaba a una distancia inalcanzable de la Unión Soviética como lo estaba antes», según History.
Posiblemente las expropiaciones de las empresas estadounidenses formaban parte de los planes comunistas antes de la revolución. Estados Unidos sería acusado por el régimen cubano de estar planeando “pasos criminales e insidiosos» contra Cuba al ayudar a los refugiados que querían devolver la democracia a la Habana. De ahí en adelante Castro repetiría una y otra vez por décadas en sus discursos ante la comunidad internacional que “el imperialismo de Estados Unidos” o “imperialismo capitalista”, era el responsable de cualquier gestión de su propio régimen, que le significara pérdidas a la población.
Cuando el gobierno de Eisenhower aprobó la rebaja de la cuota azucarera que correspondía a Cuba dentro del mercado de Estados Unidos, Castro hizo la expropiación a “cada uno de las centrales azucareros —que habían sido propiedad de la Compañía Atlántica, de la United Fruit Company, y otras empresas norteamericanas”, según el medio estatal Granma.
Estados Unidos mantuvo desde entonces la premisa que «no toleraría el establecimiento de un régimen dominado por el comunismo internacional en el hemisferio occidental», según History.
Décadas después aprobó la Ley llamada Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, o Ley Helms Burt, la cual permite a los afectados de la confiscación de empresas en Cuba poner sus demandas. Fue impulsada por el senador republicano Jesse Helms, con el apoyo del representante demócrata Dan Burton y luego firmada el 12 de marzo de de 1996 por el expresidente Bill Clinton.
A partir de mayo de 1996 el Departamento de Estado notificó mediante Cartas de Advertencia a las compañías inversionistas en las «propiedades confiscadas» por Fidel Castro.
Sin embargo informes históricos del gobierno estadounidense indican que el 16 de julio del 1996, cuando entró en vigor el Título III de la ley que permitía demandar a las empresas y empresarios favorecidos con la confiscación, Clinton emitió paralelamente una orden de suspensión temporal por 6 meses de una parte de este Título. Suspensión que se fue replicando.
Pese a los intentos de implementar la ley el 28 de enero del 1997 por parte de sus promotores, el expresidente Clinton publicó más tarde el documento «Apoyo para una Transición Democrática en Cuba». Una transición que nunca ocurrió.
La Unión Europea, con intereses en Cuba, denunció a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio y negoció con Clinton no sancionar a las compañías europeas inversionistas en Cuba, para lo cual la UE inhibiría voluntariamente las inversiones en el país caribeño en las «propiedades confiscadas». La UE pidió además suprimir el Título IV, la ley que restringe la entrada en Estados Unidos de quienes han confiscado propiedades o hayan “traficado” con ellas.
El 4 de marzo de 2019, Trump habló sobre la posibilidad de que se entablaran demandas contra las empresas cubanas incluidas en una lista elaborada por Departamento de Estado que vincula a las Fuerzas Armadas y al sector de la seguridad nacional en Cuba.
Finalmente el 7 de abril de 2019, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que la administración de Donald Trump implementará por completo el Título III de la Ley Helms-Burton contra Cuba a partir del 2 de mayo de 2019.
“Después de más de 22 años de retrasos” por un bloqueo de la ley durante la era de los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, “los estadounidenses finalmente tendrán la oportunidad de hacer justicia”, escribió Pompeo en su Twitter, destacando el tiempo que se había perdido en aplicarla. «Se hará efectivo el 2 de mayo, bajo el Título III de la Ley LIBERTAD, EE. UU.”
El importante cambio de política, anunciado por el secretario Pompeo, “podría atraer cientos de miles de reclamaciones legales por valor de decenas de miles de millones de dólares. Pretende intensificar la presión sobre La Habana en un momento en que Washington exige el fin del apoyo cubano al Maduro de Venezuela”, destaca la agencia Reuters.
Trump envió el 17 de abril un mensaje claro a Cuba y a quienes se beneficiaron económicamente con estas propiedades. Un día antes, una delegación de comercio Europea realizó un encuentro en la Habana para sellar sus lazos y acordar futuros negocios con Cuba. ES posible que los interesados se vean afectados.
La legislación emplea la definición de «Tráfico» con las propiedades confiscadas, que es muy amplia, según The Caribbean Council, y abarca “desde el uso de una propiedad o un terreno hasta el beneficio comercial de dichas actividades, hasta la posesión de acciones o el beneficio de las compañías que administran dichos activos”.
“Hay, en total, 5913 reclamaciones certificadas por compañías e individuos de EE. UU. y un número incierto de cubano-estadounidenses. Aunque no hay una cifra clara, algunos informes han sugerido que las sumas probables en juego, incluidos los intereses, podrían ascender a US USD 10.000 millones. Sin embargo, es probable que el proceso legal sea largo, complejo y costoso”, añadió.
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