La junta birmana anunció este martes un indulto parcial a la exlíder democrática Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 y sobre quien pesaban condenas que suman hasta 33 años de cárcel.
El régimen castrense divulgó hoy la noticia en una escueta misiva, en la que cita como anuladas 5 de las 19 condenas contra Suu Kyi, lo que confirmó también a EFE una persona vinculada al caso, alejando la posibilidad de que la nobel de la Paz sea liberada plenamente.
Estas fuentes añadieron que Suu Kyi, de 78 años, todavía está en prisión, si bien a medida que la noticia del indulto parcial se difunde podría ser transferida hacia un arresto domiciliario, como se especula desde hace días.
El portavoz de la junta, Zaw Min Tun, aseguró por su parte en un grupo de conversación online con medios birmanos que la reducción total sobre la sentencia son seis años.
Entre los delitos amnistiados está el de violación de las normas para la prevención de contagios de covid-19 en la campaña electoral y otro de corrupción.
El indulto, de un impacto menor del previsto al conocerse las primeras informaciones, forma parte de una amnistía a 7749 prisioneros anunciada hoy por la junta, en la que se incluye la reducción de cuatro años a la condena de 12 del expresidente Win Myint.
La decisión se produce días después de que aumentaran las especulaciones sobre una posible transferencia a un arresto domiciliario de la exlíder, a quien solo se ha visto una vez en público tras el golpe.
Suu Kyi ya pasó 15 años bajo arresto domiciliario en una residencia en Rangún, durante el periodo de mandato de la anterior junta militar (1962-2011).
Los cambios en la situación de la ganadora del Nobel de la Paz en 1991 por su lucha prodemocrática en Birmania ocurren un día después de que la junta anunciara la extensión por seis meses del estado de emergencia en el país, lo que impide en la práctica que se celebren elecciones este año, tal y como se esperaba.
El golpe de Estado de hace dos años y medio, que derrocó el gobierno encabezado por Suu Kyi y puso fin a una década de transición democrática, ha sumido a Birmania (Myanmar) en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado anularon y en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
Según el último recuento de la Asociación para la Asistencia de los Prisioneros Políticos (AAPP), una oenegé local, 19,733 prisioneros políticos continúan detenidos y 3857 personas han fallecido en manos de las fuerzas armadas desde la asonada.
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