Un tribunal de primera instancia ordenó este miércoles al gobierno federal del país que ponga fin a todas las medidas excepcionales adoptadas contra la pandemia del covid-19 en un plazo máximo de 30 días.
De esta manera, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas da la razón a una demanda de medidas cautelares presentada por la Liga de Derechos Humanos (LDH) hace tres semanas en nombre de todos los belgas, según informó el diario Le Soir.
Si el Estado no cumple la decisión, deberá pagar una multa de 5000 euros al día.
El tribunal consideró que la urgencia invocada por los demandantes quedaba acreditada por el hecho de la prórroga hasta el 1 de abril, mediante orden ministerial de 6 de febrero, de las medidas controvertidas, entre ellas el toque de queda o el cierre de comercios no esenciales, y ello «sin que se produjera una verdadera comunicación al respecto».
Esas medidas han sido reforzadas y prolongadas recientemente debido al incremento de los contagios en el país.
Los demandantes cuestionaron la responsabilidad del Estado belga por haber cometido una falta al adoptar medidas, por vía reglamentaria, que atentan contra las libertades fundamentales «haciendo caso omiso de las normas constitucionales y/o legales que le obligan a abstenerse o a actuar de una manera determinada».
Ninguna de las tres leyes invocadas por el Estado belga para restringir las libertades de los belgas, según los abogados de los demandantes, podía servir de base para el decreto ministerial en cuestión.
El decreto ministerial, subrayaron los abogados, «viola el principio de subsidiariedad del derecho penal, la obligación de consultar al Consejo de Estado y el principio de seguridad jurídica».
La LDH subrayó que el Estado «se abstuvo de legislar aún sabiendo que el decreto ministerial era ilegal» y que, por otro lado, apoyó las sanciones penales «ilegales» vinculadas a la aplicación de este decreto.
La principal ley en la que se basó el Ministro del Interior para adoptar las medidas contra el covid-19 es la ley de 15 de mayo de 2007 sobre la sociedad civil, que se refiere a las medidas de evacuación y que fue adoptada tras la catástrofe de Ghislenghien, una zona de la ciudad de Ath donde explotó una tubería de gas el 30 de julio de 2004 y provocó 24 muertos y 132 heridos.
En el auto emitido esta mañana, el tribunal de primera instancia señala que esta ley define las competencias así conferidas al ejecutivo de forma «restrictiva y previsible», y que la situación relacionada con la covid-19 no está contemplada en esta ley.
El cierre de diversos establecimientos (culturales, festivos, deportivos, recreativos, eventos, hoteles y restaurantes, profesiones de contacto), la suspensión de la escolaridad obligatoria, la restricción de las reuniones públicas o privadas, la restricción de la circulación hacia y desde Bélgica no están cubiertos por los términos «requisa» y «evacuación» de esa ley, concluye el tribunal en su dictamen.
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