La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este jueves crímenes de guerra y de lesa humanidad a ocho exintegrantes del Bloque Occidental de la antigua guerrilla de las FARC «como máximos responsables regionales, por liderazgo o por participación determinante» en esos delitos.
Por esa razón, «la JEP llamó a reconocer responsabilidad» a Édgar López Gómez, alias ‘Francisco González’ o ‘Pacho Chino’; Jesucristo Jiménez Cuéllar, (‘Juvenal Rodríguez’); Juan Carlos Ramírez, (‘Sargento Pascuas’); Gustavo Arbeláez Cardona, (‘Santiago Naya’ o ‘Santiago Cepeda’); Héctor Julio Villarraga, (‘Gilberto Arroyave’ o ‘El Grillo’) y a otros conocidos solo por los alias de ‘El Paisa’ o ‘William’, ‘Leonel Páez’ y ‘Pacho Quinto’.
«Son responsables de los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, violación sexual, tortura, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, tortura, asesinato, desaparición forzada, violación sexual, y otros actos inhumanos», señaló la JEP en un comunicado.
Dichos crímenes fueron «cometidos de manera concurrente a los secuestros» que el Bloque Occidental perpetró entre 1993 y 2016, señaló la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno colombiano con las FARC para juzgar crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
El secuestro como política
Según este tribunal, siete de los imputados «son máximos responsables regionales de los secuestros, por su liderazgo como comandantes» en las distintas unidades del Bloque Occidental, que operó en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y en el sur del Chocó.
«Cada uno de ellos materializó en la región la política de secuestro que trazó el antiguo Secretariado de las FARC-EP, y que se clasifica en tres tipos: secuestros para financiar la organización, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para contribuir a mantener al control territorial», agregó la JEP.
Entre los crímenes por los que tendrán que responder está el secuestro en 2002 de 12 diputados del Valle del Cauca y la masacre de 11 de ellos, tras cinco años de cautiverio.
Según la JEP, «la Sala cuenta con suficientes fuentes que demuestran que» en los secuestros en general, «los asesinatos de los cautivos eran consultados con los superiores y que en algunos casos hubo órdenes generales de matarlos en caso de intento de rescate militar».
«En cuanto al ocultamiento deliberado del paradero del secuestrado, también era una eventualidad contemplada en las órdenes generales suministradas por el Secretariado (de las FARC) y los coordinadores del Comando Conjunto de Occidente, e incluía la no entrega del cadáver de quienes morían en cautiverio o, que incluso, disponían el cobro de dinero por la entrega del cuerpo», explica el auto.
Búsqueda continua
Como parte del proceso, «los ocho imputados deben entregar toda la información disponible para continuar con la búsqueda, localización e identificación y entrega de las personas secuestradas dadas por desaparecidas que fueron identificadas en el marco de esta investigación», agrega.
La Sala de Reconocimiento de Verdad también le pidió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP que identifique 27 guerrilleros que hicieron parte de dicho bloque «y de los que se desconoce su paradero, si están vivos o muertos, y si son o no firmantes del acuerdo de paz».
Uno de los últimos jefes del Bloque Occidental fue Pablo Catatumbo Torres, quien desde 2018 ocupa un escaño en el Senado colombiano por el partido Comunes, surgido de las antiguas FARC, gracias al acuerdo de paz.
Esta es la tercera imputación que hace la JEP en el Caso 01, que investiga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC.
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