La Fiscalía del Tribunal Supremo español acordó este lunes investigar la construcción del tren de alta velocidad (AVE) que une las ciudades saudíes de Medina y La Meca, liderada por empresas españolas, al comprobar que una de las personas involucradas en posibles irregularidades sería el rey Juan Carlos, que goza de un fuero judicial especial.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo asume la investigación que dirigía la Fiscalía Anticorrupción y se centrará en «delimitar o descartar» la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser jefe del Estado en España y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución, informó el Ministerio Público.
Según la Fiscalía, «resulta precisa la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito», que está aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que solo esa instancia puede investigarlo y eventualmente juzgarlo.
La investigación parte de unas diligencias abiertas en Anticorrupción a finales de 2018 para descubrir supuestas comisiones pagadas en la adjudicación del AVE a un consorcio de empresas españolas en 2011, tras hallar una grabación de un encuentro entre la antigua amiga del rey Juan Carlos Corinna Larsen y el exjefe policial español José Villarejo, celebrado en Londres en 2015.
En esa conversación, Larsen decía que el rey habría tenido cuentas en Suiza en las que habría recibido comisiones por la adjudicación de la construcción del tren de alta velocidad saudí.
Hace unos meses la Fiscalía Anticorrupción envió una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos sobre una presunta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña – llamada Lucum y supuestamente vinculada a Juan Carlos I – a una cuenta de Larsen.
Las diligencias en España discurren en paralelo a las pesquisas de la Fiscalía de Ginebra contra presuntos testaferros en cuentas bancarias de ese país.
Según publicó hace unos meses el diario Tribune de Genève, la Fiscalía helvética halló supuestas evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte de varios gestores de cuentas en Suiza y sospecha que dicho dinero, que llegó a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum, procedería del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, y que el beneficiario único de dicha fundación sería Juan Carlos I.
En 2012, según dicho diario, el dinero salió hacia una cuenta de Corinna Larsen en otro banco suizo con sede en Bahamas, si bien el rey se habría reservado un millón.
A raíz de esta información, los abogados de Larsen explicaron en un comunicado que en 2012 su cliente recibió un regalo «no solicitado» del rey Juan Carlos y lo describió como “una forma de donación”.
La Fiscalía Anticorrupción española ya interrogó en septiembre del año pasado a la antigua amiga del rey Juan Carlos.
Tras conocerse la investigación de Tribunal Supremo, la Casa Real no se ha pronunciado sobre esa decisión.
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