Patricia Ramírez, la madre del Gabriel Cruz, asesinado en febrero de 2018, pide protección para las víctimas frente a lo que ha denominado «violencia mediática» durante una larga intervención en la Comisión de Interior del Senado el martes 11 de junio.
Ramirez pidió comparecer ella misma para tratar de frenar la producción de un documental enfocado en la asesina del pequeño, Ana Julia Quezada, quien tenía previsto firmar el contrato con la productora el 14 de mayo.
Sin embargo, la madre del niño Gabriel, desveló este martes que la productora que había contactado con la asesina de su hijo no hará el documental que tenía previsto realizar Netflix sobre el caso y que provocó su comparecencia en primer lugar.
Ha explicado que el día anterior recibió una llamada de la productora y que esta se comprometió a no realizar el documental, si bien espera la confirmación de los abogados y ha precisado que, de todos modos, no sabe si alguna otra plataforma puede estar haciendo algún documental o tiene previsto hacerlo.
Según le comentó la productora con la que habló, la asesina de Gabriel lleva tres años solicitando a Instituciones Penitenciarias permisos para poder grabar un documental por el que planea recibir dinero.
Una comparecencia inédita
Fue en mayo cuando Patricia Ramírez se dirigió a la comisión de Interior del Senado para pedir comparecer, algo «inédito» e «inusual», como ha subrayado el presidente de la misma, Fernando Martínez Maíllo, quien ha asegurado que ningún senador se opuso, algo también «inédito».
Con una caja de «pececillos» para repartir entre sus señorías en recuerdo de cómo llamaba a su hijo y con una foto enmarcada de Gabriel, que ha colocado en la mesa de la presidencia de la Comisión desde donde ha comparecido, Ramírez ha explicado el motivo de su presencia en la Cámara Alta.
Y no es otro que haberse enterado, por «fuentes», que la asesina de su hijo, condenada a prisión permanente revisable, podría estar participando en un documental.
Ramirez denunció que ante estas informaciones, preguntó por escrito a Vigilancia Penitenciaria a través de su abogado y no recibió respuesta alguna. Por todo esto, decidió dar una rueda de prensa el día 11 de mayo para hacer públicos estos hechos.
«Nos enteramos por la prensa»
El día 13 de mayo las autoridades penitenciarias revelaron a los medios de comunicación que efectivamente había habido contacto con periodistas, incluso se publicaron las iniciales de los mismos, pero que no se le había incautado ningún móvil. Sin embargo, Patricia Ramírez denuncia que en ningún momento se le comunicó directamente a ella, «nos enteramos por la prensa de todo lo que ustedes saben», se quejó.
La única comunicación oficial sobre este tema fue un escrito de la dirección de la prisión de Brieva (Ávila) remitido a la Justicia y que le llegó a Ramírez el día 21 de mayo en el que se exponía, entre otras cosas, que Quezada justificaba su petición de participar en el documental en la necesidad de obtener ingresos para pagar la responsabilidad civil de su condena, aún no resuelta, y para mandar dinero a su familia en la República Dominicana.
Según el escrito que Ramirez leyó en voz alta para los senadores, la prisión denegó a Quezada el permiso para realizar el documental y paralizó los contactos con los periodistas, reconociendo implícitamente que estos contactos se habían producido. Ramirez destacó que eso significa que se ha estado haciendo un uso irregular del derecho de visitas de la reclusa con la «complicidad de algunos funcionarios» de la cárcel.
La compareciente añadió que Quezada también argumentó que quería participar en el documental porque tenía «necesidad» de explicarse y contar la «realidad» de los hechos. «Como si no lo hubiera contado al juez de instrucción y en el juicio», destacó la madre del pequeño Gabriel.
Al parecer, el 14 de mayo Quezada había quedado con el abogado para revisar el contrato a firmar con la productora y el dinero a percibir, ha subrayado la madre de Gabriel.
«Si esa mujer tiene derechos, nosotros también, con la diferencia de que nosotros no hemos matado a nadie. Sus derechos no pueden prevalecer por encima de los nuestros», zanjó Ramírez.
Nuevas denuncias
Ramírez ha anunciado que está preparando querellas (en espera de que pueda contar con procurador por la justicia gratuita) contra la productora, contra Ana Julia Quezada y, de forma subsidiaria, contra Instituciones Penitenciarias.
Y hoy miércoles tiene previsto denunciar ante la Guarda Civil «una serie de hechos penales de gravedad que están aconteciendo en la prisión de Brieva», que no ha querido revelar.
Un pacto de estado
Ramírez ha solicitado un pacto de Estado, similar al que se suscribió contra la violencia de género, para evitar la doble revictimización.
Tras valorar este acuerdo y su resultados, Ramírez ha lanzado un mensaje: «Pregunten a esas mujeres (las víctimas de la violencia machista) si permitiría que sus agresores cobraran desde la cárcel para contar sus casos».
Entre las medidas, Ramírez ha propuesto que los condenados por delitos de especial gravedad «no puedan jamás hacer un documental, una serie televisiva o un libro», así como controlar las comunicaciones de los presos si resultan dañinas para las víctimas.
Con información de EFE
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