La mayoría de las órdenes judiciales de geovalla son inconstitucionales, según una corte de apelaciones

La mayoría de las órdenes judiciales de geovalla son para obtener información de Google

Por Zachary Stieber
13 de agosto de 2024 11:54 AM Actualizado: 13 de agosto de 2024 11:54 AM

Las órdenes judiciales que a menudo dan lugar a búsquedas de Google en su voluminosa base de datos de usuarios son inconstitucionales, dictaminó el 12 de agosto una corte de apelaciones de Estados Unidos.

Las órdenes de geovalla violan la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., dijo un panel unánime de tres jueces de la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Quinto Circuito.

“Sostenemos que las órdenes de geovalla son órdenes generales modernas y son inconstitucionales en virtud de la Cuarta Enmienda”, escribió la jueza Carolyn Dineen King en la decisión de 39 páginas.

La enmienda protege a las personas contra “registros e incautaciones irrazonables”.

Tres personas que robaron a un conductor del Servicio Postal de Estados Unidos en 2018 demandaron porque los investigadores recurrieron a las órdenes de geovalla cuando no pudieron identificar a ningún sospechoso. Los implicados dijeron que tienen una expectativa razonable de privacidad cuando se trata de sus datos digitales.

Este tipo de órdenes judiciales se basan en ubicaciones de la escena del crimen y recopilan una lista de teléfonos y propietarios de teléfonos que estaban en o cerca de la escena cuando se cometió el crimen.

La mayoría de las órdenes judiciales de geovallas se presentan a Google, y a Google se le presentó una orden en el caso del Servicio Postal. Cuando se le presentan órdenes de geovalla, Google tiene que buscar en toda su base de datos para encontrar los registros correspondientes, que proceden de usuarios que han accedido a compartir su historial de ubicaciones.

Cuando busca en su base de datos, Google lleva a cabo una búsqueda que implica la Cuarta Enmienda, dijo el panel de la corte de apelaciones.

“Resulta especialmente preocupante el hecho de que una geovalla rastree retroactivamente a cualquier persona que tenga activado el historial de localización, independientemente de si una persona concreta es sospechosa o se mueve dentro de una zona bajo la protección de la Cuarta Enmienda”, dijo King.

La decisión contradice un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Cuarto Circuito, que determinó en el caso Estados Unidos de América vs Okello T. Chatrie que las órdenes de geovalla no implicaban derechos de la Cuarta Enmienda porque Chatrie compartió voluntariamente con Google la información obtenida finalmente por las fuerzas del orden. Ese fallo se basó, en parte, en la cantidad de usuarios de teléfonos móviles que optan por que se controle su historial de ubicación.

El panel del Quinto Circuito, sin embargo, dijo que un número de esos usuarios no están informados y que la opción de usar el servicio puede incluso no ser voluntario.

“Los usuarios son bombardeados varias veces con solicitudes de aceptación en múltiples aplicaciones”, dijo King. “Estas solicitudes suelen prometer inocuamente la optimización de la aplicación, en lugar de revelar el hecho de que las ubicaciones de los usuarios se almacenarán exhaustivamente en una ‘Sensorvault’, proporcionando a Google los medios para acceder a estos datos y compartirlos con el gobierno. Incluso los propios empleados de Google han indicado que desactivar los datos del historial de ubicaciones basándose en las advertencias ‘limitadas y parcialmente ocultas’ de Google es ‘lo suficientemente difícil como para que la gente no se dé cuenta’”.

A la juez King se unieron los jueces de circuito James C. Ho y Kurt D. Engelhardt.

Aunque el panel se puso de parte de los condenados, la decisión también confirmó una sentencia de una corte inferior que rechazó una moción para suprimir las pruebas que los agentes de la ley obtuvieron gracias a los resultados de las órdenes de geovalla.

La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que existe una excepción de buena fe a la Cuarta Enmienda. Las circunstancias en las que no se aplica la excepción incluyen cuando el juez que aprobó la orden abandonó su función judicial y cuando la orden “es tan deficiente en apariencia al no especificar el lugar que se debe registrar o las cosas que se deben incautar que los funcionarios ejecutores no pueden presumir razonablemente que es válida”.

Los ladrones alegaron que los agentes que solicitaron las órdenes presentaron conclusiones que no se basaban en ninguna causa probable, lo que hacía que la orden fuera aparentemente deficiente. Pero la corte no estuvo de acuerdo.

“Los inspectores estaban utilizando una técnica de investigación de vanguardia con la que ninguno de ellos tenía experiencia personal. A tal fin, los inspectores trataron diligentemente de asegurarse de que su orden fuera conforme con la Cuarta Enmienda, comunicándose con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley y con la Fiscalía General de Estados Unidos, y los inspectores no mostraron ninguna intención maliciosa en las medidas que adoptaron”, dijo King. “Por lo tanto, no podemos culpar a las acciones de las fuerzas del orden teniendo en cuenta la novedad de la técnica y la escasez de precedentes judiciales a seguir”.


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