Se presentó una tercera demanda contra Oregón en vísperas de los primeros argumentos orales para decidir si retrasar la medida de control de armas aprobada por un estrecho margen en el estado.
Respaldada por la NRA, la demanda argumenta que la Medida Electoral 114 crea un requisito de «permiso de compra falsamente etiquetado» de un arma de fuego y prohíbe los cargadores de capacidad estándar, que también «falsamente se etiquetan como de gran capacidad», según la demanda.
«El permiso de compra es una denominación errónea», escribió la NRA. «Requiere que los individuos completen varias tareas gravosas para obtenerlo, pero en realidad no les permite comprar un arma de fuego”.
El texto de la medida lo deja claro, afirma la demanda.
“Un permiso de compra emitido en virtud de esta sección no crea ningún derecho del titular del permiso para recibir un arma de fuego”, establece la medida.
La demanda cuestiona al estado por apresurarse a imponer el nuevo proceso de solicitud de permisos antes de designar qué agencias aceptarán y procesarán las solicitudes y qué fondos y personal son necesarios para hacerlo.
“Uno podría pensar que un estado empeñado en imponer un régimen de permisos tan novedoso y oneroso al menos se tomaría el tiempo para asegurarse de tener la infraestructura y los recursos necesarios para garantizar que operaría de la mejor manera posible”, afirma la demanda. “Pero Oregón ni siquiera está dispuesto a hacer eso.
“En cambio, el estado apresuró la fecha de entrada en vigencia de su nueva ley al 8 de diciembre de 2022, incluso antes de que se haya certificado la votación sobre la Medida 114, y antes de que los mecanismos para cumplirla estén cerca de implementarse”.
En efecto, la demanda afirma que ahora es “legalmente imposible que los ciudadanos respetuosos de la ley ejerzan sus derechos para adquirir un arma de fuego, un derecho fundamental preservado por la Segunda Enmienda”.
La demanda argumenta además que la Medida 114 etiqueta incorrectamente los cargadores capaces de contener más de 10 rondas de municiones como «cargadores de gran capacidad» y los prohíbe.
Estos cargadores “comúnmente son propiedad de millones de estadounidenses para todo tipo de fines lícitos, incluidos la defensa personal, los deportes y la caza”.
Argumentos de la demanda
“Hoy, los estadounidenses poseen aproximadamente 115 millones de ellas, lo que representa ‘aproximadamente la mitad de todos los cargadores de propiedad privada en Estados Unidos’”.
Estos cargadores de propiedad común no pueden prohibirse gracias a la Segunda Enmienda, argumentan los demandantes.
La Corte Suprema de Estados Unidos revocó y remitió el verano pasado otros dos casos que la NRA presentó impugnando prohibiciones similares a cargadores en California y Nueva Jersey.
Titulado Eyre vs Rosenblum, el caso respaldado por la NRA se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Oregón en Portland en nombre de dos personas, un comerciante de armas de fuego con licencia federal llamado Mazama Sporting Goods, la Fundación Nacional de Deportes de Tiro y el Oregon State Shooting Association, que es una filial estatal de la NRA.
La primera impugnación legal a la medida fue presentada en un tribunal federal el 20 de noviembre por la Federación de Armas de Fuego de Oregon, la Oficina del Sheriff del Condado de Sherman y Adam Johnson, propietario de Coat of Arms Custom Firearms en Keizer.
El argumento oral en ese caso comenzó el 2 de diciembre ante la jueza federal Karen J. Immergut, designada por Trump.
Una segunda demanda, pero separada, fue presentada el 30 de noviembre por la Fundación de la Segunda Enmienda (SAF), con sede en Washington, a la que se unieron la Coalición de Políticas de Armas de Fuego, dos comerciantes de armas de fuego con licencia federal y un propietario privado de armas.
Esas dos quejas se centran principalmente en la prohibición a los cargadores.
Todos los casos enumeran a la gobernadora de Oregón, Kate Brown, y a la fiscal general del estado, Ellen Rosenblum, como acusadas y buscan evitar que la medida entre en vigencia mientras un juez evalúa su mérito constitucional.
Más demandas podrían estar en camino ya que los abogados están asesorando actualmente a la Asociación de Cazadores de Oregón y a otros defensores de los derechos al porte de armas.
“Es probable que el tribunal consolide [las demandas] bajo un solo juez”, le dijo a The Epoch Times Leonard Williamson, quien ha sido un comerciante de armas de fuego con licencia durante 20 años y ayuda a asesorar a los grupos de derechos al porte de armas en Oregón.
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