Individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro “cometieron violaciones de derechos humanos y delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos de tortura de extrema gravedad”, concluye el más reciente informe de la Misión internacional independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), una misión de la ONU.
De acuerdo a la FFM, los actos cometidos por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), forman parte de un “plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores» al régimen.
“El SEBIN ha torturado o infringido malos tratos a detenidos principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas. La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde el 2014. El informe detalla cómo las ordenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango”, precisa un documento divulgado por la FFM.
Marta Valiñas, presidente de la FFM, dijo que la violencia documentada por la Misión no fue ejecutada por individuos al azar y que el plan de represión fue orquestado “al más alto nivel político, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, apoyado por otras altas autoridades”.
“Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, afirmó.
Durante la presentación del informe, Valiñas instó a la comunidad internacional a continuar monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela.
Francisco Cox, integrante de la FFM, precisó que las violaciones a los DD.HH. se han cometido en un clima de “casi total impunidad” y que “no hay mínimos esfuerzos” por parte de las autoridades para investigar o procesar a los responsables.
Arco Minero
En el tercer informe la FFM destacó los abusos y violaciones a los derechos fundamentales cometidos por parte de actores estatales y no estatales contra la población local en el Arco Minero del Orinoco en el estado Bolívar en el sur de Venezuela, donde habitan territorios tradicionales de 16 pueblos indígenas y existen “grandes áreas protegidas y es rico en minerales estratégicos sobre todo oro, diamantes, coltán y bauxita”.
“La minería de oro ilegal y a pequeña escala ha sido históricamente habitual en la región, junto con las concesiones a empresas transnacionales. La minería ilegal ha seguido expandiéndose en las últimas décadas debido al aumento de los precios internacionales del oro y a la crisis económica y humanitaria del país”, precisa el informe.
En 2015, el Arco Minero del Orinoco fue establecido como “Zona de Desarrollo Económico Nacional para formalizar y ampliar su control sobre la extracción de oro y otros recursos estratégicos”.
El informe precisa que, para reducir la minería informal y reforzar su control sobre las zonas mineras, el régimen ha lanzado operaciones y ha militarizado el territorio “cada vez más”, provocando “niveles de violencia sin precedentes”.
“La Misión ha revisado la información disponible públicamente que indica que los miembros de la élite militar y política venezolana se han beneficiado y continúan beneficiándose financieramente de las actividades relacionadas con la minería”, destaca la FFM.
En sus conclusiones, la FFM insta a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a que continúen prestando especial atención a los acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela y monitoreando si se están realizando progresos creíbles en “el avance de la justicia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos”.
Al menos 246 entrevistas confidenciales con víctimas, familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia han servido como base para la elaboración de los informes presentados por la FFM.
La FFM fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014 y fue prorrogado hasta septiembre del 2022.
Organizaciones defensoras de derechos fundamentales venezolanas y extranjeras esperan que el mandato de la FFM, que vence este mes, sea renovado, entre otras cosas porque consideran que cumple un rol fundamental en la complementariedad del trabajo de otros mecanismos internacionales para la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
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