La oposición venezolana denunció este lunes la falta de voluntad del régimen de Nicolás Maduro para atender las recomendaciones en materia de garantías fundamentales que hiciera hace un año la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, después de su visita a Venezuela.
A través de un informe, la comisión para los derechos humanos que responde ante el opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente encargado, aseveró que hay «falta de voluntad política de las autoridades de facto -en referencia al Gobierno de Maduro- por cumplir y hacer cumplir el mandato» de Bachelet.
En julio de 2019, la oficina de Bachelet hizo a Venezuela 23 recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos, que de acuerdo con la oposición son vulnerados con frecuencia en el país caribeño.
Entre las recomendaciones, la alta comisionada pidió disolver un cuerpo policial conocido como FAES, acusado de ejecuciones extrajudiciales, liberar a los llamados presos políticos y garantizar el acceso a los alimentos básicos y servicios públicos.
Sin síntomas de mejoría
«No existe ningún síntoma de mejoría, sino de acentuación de la crisis que parece no detener su constante maximización. Muchas opciones de sencilla ejecución podrían haberse adoptado hasta este punto», continuó la oposición en su informe.
La semana pasada, Bachelet señaló en su reporte actualizado sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos que la detención de líderes, periodistas y ciudadanos críticos con el régimen de Maduro continúa, pese a que reconoció algunos avances.
En este sentido, la oposición detalló hoy varios arrestos que consideró ilegales así como amenazas a la libertad de algunos colaboradores de Guaidó, como su jefe de comunicaciones, Edward Rodríguez, quien, de acuerdo con el documento, «se trasladó a la Embajada de Francia, donde actualmente se encuentra resguardado».
Asimismo, señaló que algunas de las recomendaciones de Bachelet, «por su propia naturaleza», son progresivas y no se cumplirán en el corto plazo, pero que ello «no significa que no deban accionarse medidas de cara a activar esa progresividad».
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