La oposición venezolana aseguró este martes que el avión cargado con armas y dólares en efectivo incautado hace tres días en la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale, estado de Florida, está relacionado con el régimen de Nicolás Maduro, a través del empresario colombiano Alex Saab.
«(El) avión venezolano YV 3441 interceptado por autoridades de EE.UU. cargado con armas y dólares en efectivo pertenece a una empresa de Roswell Rosales, piloto de Álvaro Pulido Vargas, socio del testaferro de (Nicolás) Maduro, Alex Saab», dijo en Twitter el diputado opositor Carlos Paparoni.
«El mundo se les pone pequeño, su estructura criminal está desnuda», añadió Paparoni, designado a finales de octubre de 2019 por Juan Guaidó -a quien medio centenar de países reconocen como presidente encargado de Venezuela- como Comisionado Regional Contra la Corrupción y el Lavado de Dinero.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó esta misma jornada que incautó el pasado sábado en Fort Lauderdale un avión cargado con 18 rifles de asalto, 6 escopetas, 58 pistolas semiautomáticas y más de 20,000 dólares en efectivo.
En la operación, que se produjo después de una alerta sobre el movimiento de una aeronave relacionada con una investigación en curso, también fueron detenidos dos venezolanos, cuyas identidades no fueron reveladas por las autoridades norteamericanas.
Paparoni tampoco informó sobre las identidades de los detenidos, pero sí insistió en ligar la aeronave con Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro y detenido en Cabo Verde el pasado 12 de junio por petición de Estados Unidos, que lo acusa de estar involucrado en una trama de lavado de dinero.
Entonces, el régimen de Maduro respondió a la detención tachándola como «arbitraria» y señalando que Saab se encontraba en Cabo Verde «durante una escala técnica», en su condición de «agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela».
Saab tenía como objetivo «realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos» para el programa gubernamental de comida subsidiada de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), así como de medicamentos, insumos médicos «y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia de la COVID-19».
El 14 de julio pasado el Gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición de Saab a Estados Unidos.
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