Una orden ejecutiva recientemente emitida por el presidente Donald Trump está a punto de causar un cambio importante en la guerra cultural por el alma de Estados Unidos. La orden del 22 de septiembre prohíbe a las agencias federales, contratistas, subcontratistas, y concesionarios instruir a sus empleados para seguir los principios de las teorías críticas de la raza y el género.
Las teorías se basan en el concepto marxista de «lucha», enfrentando a las razas y géneros entre sí al etiquetarlos como los «opresores» y los «oprimidos». Luego reinterpreta a la sociedad y a la historia como si estuvieran enraizadas en esta «lucha».
Las teorías se han convertido en el credo preferido de los intelectuales progresistas y se han difundido por el mundo académico, las instituciones gubernamentales, la educación pública y el mundo corporativo.
«Ha sido una narrativa tremendamente poderosa que se ha incrustado en nuestras instituciones y se ha convertido, en esencia, en la ideología predeterminada de las agencias federales», dijo Christopher Rufo, director del Centro de Riqueza y Pobreza del Discovery Institute, en una reciente entrevista con The Epoch Times. «Aunque nadie ha votado por ello, nunca ha sido aprobado por la legislación, no tiene ningún tipo de apoyo constitucional o popular, y sin embargo se ha apoderado de las instituciones».
Rufo ha estado librando una guerra de un solo hombre contra la teoría crítica en el gobierno estadounidense. Él ha obtenido documentos constantemente que muestran que la teoría está siendo impulsada en varias instituciones. Sus hallazgos se presentaron como ejemplos en la orden de Trump.
Las capacitaciones de empleados que promulgan tales «conceptos divisorios» conducen a «estereotipos de raza y género y a echar la culpa a otro» y «no tienen cabida en los programas y actividades apoyadas por el dinero de los contribuyentes federales», dice la orden de Trump.
«Todo esto es contrario a las premisas fundamentales que sustentan nuestra República: que todos los individuos son creados iguales y se les debe permitir una oportunidad igual bajo la ley de buscar la felicidad y prosperar basado en el mérito individual».
Las teorías críticas de la raza y el género, tal y como se entienden hoy en día, surgieron del activismo progresista y de la academia en los años 90 al reimaginar los conceptos del postmodernismo y el marxismo. A pesar de chocar con los valores conservadores y liberales clásicos, las teorías dieron origen a una floreciente industria de consultores y conferencistas que son contratados por corporaciones y agencias gubernamentales de todo el país para capacitar a sus empleados en temas como «prejuicio implícito» y «privilegio de los blancos».
Se supone que las capacitaciones promueven «la diversidad y la inclusión», pero las investigaciones indican que o no tienen efecto en las relaciones raciales o las empeoran. Las teorías, sin embargo, incluyen una argumentación agresiva en contra de la crítica. Cualquiera que se resista a aceptar la ideología es acusado de «fragilidad blanca», racismo, «racismo internalizado», misoginia, etc.
La capacitación basada en las teorías puede «utilizar una sutil presión coercitiva para asegurar la conformidad del punto de vista», dice la orden de Trump.
La inclusión de contratistas, subcontratistas, y concesionarios en la orden de Trump amplía drásticamente su efecto.
Muchas grandes corporaciones se aprovechan de los contratos federales, y el número total de contratistas que trabajan para el gobierno aumentó de unos 3 millones en 1996 a más de 4 millones en 2017, informó Marketplace el año pasado.
Los opositores de la teoría crítica elogiaron la orden mientras que sus partidarios la denunciaron.
«El lenguaje y la construcción de la OE es extremadamente bueno, y ofrezco mis elogios a sus arquitectos», dijo James Lindsay, coautor de «Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race, Gender, and Identity―and Why This Harms Everybody”. («Teorías Cínicas: Cómo el estudio activista hizo que todo tenga que ver con la raza, el género y la identidad―y por qué esto perjudica a todos»).
Hace varios años, Lindsay, su co-autora Helen Pluckrose, y el erudito en filosofía Peter Boghossian se embarcaron en un viaje de decodificación y de ingeniería inversa de la ideología y de la jerga de las teorías críticas. Basándose en su investigación, ellos produjeron una serie de artículos académicos satíricos y consiguieron que varios de ellos fueran aceptados para su publicación en revistas académicas progresistas. Lindsay se especializa ahora en traducir al inglés común el lenguaje opaco utilizado por los defensores de las teorías críticas.
Sin embargo, Lindsay advirtió que la eficacia de la orden dependerá de su aplicación.
De la teoría a la práctica
Los partidarios de las teorías pueden reprimir la orden al «colocar a su gente en funciones administrativas y distorsionando el lenguaje/significado», dijo.
La administración tendrá que encontrar personas «altamente competentes» «que puedan escudriñar la cambiante terminología, cargada de jerga, con la capacidad de detectar la Teoría Crítica incluso cuando se esconde», dijo.
«Es como haber aterrizado y tomado la playa el Día D. Hay mucho más que hacer».
Luego, está el obstáculo burocrático.
La parte de la orden sobre el contratista solo aumenta cuando se traduce en una cláusula de la Regulación de Adquisiciones Federales (FAR), dijo Christoph Mlinarchik, experto en contratos gubernamentales y autor de «Government Contracts in Plain English» («Contratos Gubernamentales en Inglés Simple»). Los funcionarios de contratación incluyen entonces la cláusula en los contratos federales que se convertirán en vinculantes para los contratistas a partir de su firma.
«El proceso de creación de estas cláusulas FAR (llamadas ‘formulación de normas’ o ‘promulgando regulaciones’) toma meses o incluso años desde la firma de las leyes o las órdenes ejecutivas, debido a los requerimientos de notificación pública y comentarios, así como las deliberaciones internas de la agencia», dijo Mlinarchik a The Epoch Times por correo electrónico.
«Yo participé personalmente en este proceso para crear cláusulas FAR cuando trabajé para un cliente anterior del Pentágono, y cada día, escaneaba una lista que incluía casos FAR atrasados de hace años».
Sin embargo, hay una manera de esquivar el largo proceso.
El jefe de cada agencia federal tiene el poder, raramente utilizado, de emitir «desviaciones» de las FAR que crean una nueva cláusula «en cuestión de horas», dijo Mlinarchik.
La administración Trump puede usar este método, dadas las próximas elecciones, dijo.
La orden pide además al Departamento de Trabajo que establezca una línea directa donde la gente puedan denunciar las acusaciones de que un contratista federal está utilizando programas de capacitación de teoría crítica. Eso le da a la orden una mayor fuerza para forzar el cumplimiento.
El universo de los subcontratistas
Una de las piezas más importantes es el lenguaje explícito de la orden que extiende las reglas a los subcontratistas. Si bien cientos de miles de empresas se registran por contratos federales, solo una fracción de las grandes corporaciones, como Boeing y Raytheon, se toman la molestia de firmarlos, dada la carga administrativa que supone su cumplimiento.
Los subcontratistas federales, por otro lado, representan una industria «gigantesca», dijo Mlinarchik. Solo una parte de las cláusulas FAR se aplica a los subcontratistas, lo cual les facilita el trabajo.
Basándose en el lenguaje de la orden, la cláusula FAR resultante «probablemente tendrá un lenguaje explícito que indica al contratista principal que incluya la misma cláusula en todos y cada uno de los subcontratos», dijo.
Si bien los detalles de la aplicación siguen sin estar claros, la orden ya ha causado impacto.
«Los principales contratistas y subcontratistas del gobierno definitivamente se están tomando en serio la orden ejecutiva del presidente Trump, porque he notado una oleada de discusiones, preguntas y preocupaciones sobre el cumplimiento, tanto de mis propios clientes como de mis colegas consultores o abogados», dijo Mlinarchik.
«Los contratistas y subcontratistas del gobierno están al tanto de revisar sus bibliotecas de capacitación y suspender cualquier cosa prohibida por la orden ejecutiva del presidente Trump».
Más allá del gobierno
La orden también pide al fiscal general que «continúe evaluando» si las capacitaciones de teoría crítica contribuyen a un «ambiente de trabajo hostil». El lenguaje tiene un peso legal significativo porque los empleados pueden utilizar las alegaciones de entornos de trabajo hostiles para presentar demandas por discriminación en el lugar de trabajo bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Si el fiscal general llegara a la conclusión de que las capacitaciones de teoría crítica violan realmente el estatuto, el mero riesgo de responsabilidad podría significar el fin de dichas capacitaciones a gran escala.
Otra parte de la orden dice que no se debe utilizar el dinero de las subvenciones federales en las capacitaciones de teoría crítica. Sin embargo, deja que los jefes de las agencias decidan en qué programas de subvenciones se impondrán las reglas.
El efecto podría ser particularmente fuerte en las universidades, que comúnmente aceptan subvenciones federales mientras que sus operaciones están cada vez más impregnadas de las teorías críticas.
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